MÉRIDA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
El suelo en cuestión fue expropiado para la construcción de la fotovoltaica y sobre el mismo, y antes de dicha expropiación, existía un contrato de arrendamiento por un periodo de 25 años, según señala la sentencia recogida por Europa Press.
"Así las cosas, carece de fundamento alguno pedir la expropiación de unas fincas que meses antes nos hemos asegurado su disponibilidad mediante un contrato de arrendamiento por un periodo de 25 años. Es decir, la solicitud de expropiación carecía de causa o justificación para privar del derecho de propiedad", establece el TSJEx.
Por ello, el tribunal extremeño reconoce el derecho a la "devolución in natura", esto es, "al reintegro de las fincas libres de la planta fotovoltaica con todas sus instalaciones, que es lo pretendido por la actora".
También indica el alto tribunal extremeño que comparte el planteamiento de la parte actora cuando ésta defiende que "no existía causa alguna" para solicitar la Declaración de Utilidad Pública de las fincas de la hoy recurrente.
"Al hacerlo se ha producido un auténtico fraude de ley y un abuso de derecho, pues se persigue un resultado no permitido por el ordenamiento jurídico: conseguir los efectos de la declaración de utilidad pública de un proyecto en relación a fincas sobre las cuales se tienen facultades de uso sin necesidad de recurrir a la ocupación a través de la expropiación forzosa", sentencia.
Esta sentencia responde al recurso contencioso administrativo presentado por Natura Manager S.L, propietaria de los terrenos, contra la Administración General del Estado, concretamente contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, y como parte codemandada el Proyecto fotovoltaico Núñez de Balboa S.L, promovido por Iberdrola.
El recurso versa sobre el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Badajoz, que fija el justiprecio de los bienes y derechos de fincas rústicas propiedad Natura Manager S.L. en el término municipal de Usagre para el proyecto 'Construcción de la Instalación Fotovoltaica denominada 'Núñez de Balboa' y sus infraestructuras de evacuación'.
Posteriormente se amplía el recurso a la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de octubre de 2018 que otorga la autorización administrativa previa para la instalación y construcción del proyecto y declara la utilidad pública de la instalación. Contra la presente sentencia solo cabe recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
