MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
Según ha explicado el órgano de garantías este jueves en una nota, el tribunal esclarecerá si la conducta penal del recurrente -basada en las declaraciones de tres agentes encubiertos-- vulneró derechos a la intimidad, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia.
En este caso, tres agentes encubiertos fueron habilitados para actuar como tales por la Fiscalía Especial Antidroga mediante un primer decreto que tuvo una duración de un mes y que luego fue prorrogado en dos ocasiones. Según ha precisado el Constitucional, se dio cuenta a la autoridad judicial para ratificar una vez finalizadas las prórrogas.
Está previsto que el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos sea el ponente de la resolución que se pronuncie sobre la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que evaluó la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
