MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -
Este texto, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha nacido como "hoja de ruta" para las administraciones competentes con el objetivo de mejorar la situación del colectivo en el país, según recoge el propio documento.
En él, se incluyen medidas a llevar a cabo para la garantía de derechos de las personas con discapacidad, una mayor autonomía de las mismas, promover la igualdad de oportunidades o mejorar la autonomía del colectivo, entre otros objetivos.
Entre ellos destaca "eliminar la institucionalización forzosa y los tratamientos forzosos por motivo de discapacidad, con especial atención a la situación de las personas menores de edad", tal y como recoge la estrategia.
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
Para ello, Derechos Sociales propone al Ministerio de Justicia, como competente en la materia, el "estudio de las posibilidades de modificación del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil" a fin de "asegurar medidas alternativas" a la "institucionalización forzosa" y "los tratamientos forzosos por motivo de discapacidad".
Este artículo, permite el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico y señala que "en el caso de que una persona no esté en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad o a tutela, requerirá para su internamiento la autorización judicial, que será recabada del tribunal del lugar donde resida la persona afectada por el internamiento".
Del mismo modo, la estrategia llama a "documentar los casos de tratamiento forzado, internamiento no voluntario, uso de medios de contención mecánica, medicación forzada y aplicación de terapia electroconvulsiva en las instalaciones de salud mental", una labor que, según indica el texto, correspondería al Ministerio de Sanidad, en colaboración con el departamento que dirige Ione Belarra.
En este apartado, la estrategia también pide la abstención a la adhesión al Protocolo Adicional del Convenio de Oviedo que está elaborando el Comité de Bioética del Consejo de Europa dirigido a protocolizar las medidas de ingreso y tratamiento involuntarios.
TÉRMINO "MALINTERPRETADO"
Dentro de esta materia, el Gobierno aclara que, según las Directrices Comunes Europeas para la transición de la Atención Institucional a la Atención Comunitaria "el término desinstitucionalización es, en ocasiones, malinterpretado y entendido simplemente como el cierre de instituciones".
"No es así", apunta el texto de la Estrategia, antes de apuntar que "se trata del proceso de desarrollo de una gama de servicios comunitarios que, desde un enfoque preventivo, reduzcan o eliminen la necesidad de cuidado institucional y segregado".
Como fórmula paralela a esta petición, el documento del Gobierno aboga por impulsar la atención domiciliaria de estas personas. Así lo recoge como prioridad en medidas relacionadas con los objetivos de accesibilidad universal o mayor participación en la sociedad el colectivo, entre otros.
En este sentido, también propone "mejorar y profundizar en el despliegue del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), previa evaluación y análisis de los aspectos por mejorar y/o modificar, en todos sus elementos".
Para esto, recoge el documento, se ha de tener en cuenta "la realidad de las personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo y orientándolo a la promoción de la autonomía personal y la potenciación de las prestaciones especialmente orientadas a la permanencia en el domicilio, la vida independiente y la vida en la comunidad".
