MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
En un auto de este miércoles, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ha tomado esta decisión tan solo un mes después de que no concediese este extremo al considerar que no había quedado acreditada la condición de ofendida de la Generalitat. Entonces, destacó que en el Govern hay "miembros del partido político directamente heredero de los partidos políticos investigados en esta causa".
El fiscal anticorrupción José Grinda también se opuso entonces a que el Gobierno catalán ejerciera la acusación particular argumentando que sería como personarse contra sí mismo. "El señor Aragonés forma parte de un Gobierno en el que está representada la coalición Junts per Catalunya (JxCat), en la que está presente el Partit Demòcrata Europeu (PDeCat), que tiene la condición de investigado", esgrimió Grinda en su escrito.
"Como quiera que en el escrito de personación no se acreditó, procede ahora estimar el recurso interpuesto y en base a que efectivamente con el escrito de reforma ahora presentado se sigue, como señala el Ministerio Fiscal, que ante la descripción de lo que consideran un perjuicio de la "Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals" y ante la adscripción de tal empresa pública a la propia Generalitat", apunta el magistrado.
Así las cosas, y en línea con la última posición expresada por la Fiscalía, el juez Pedraz admite la personación de la institución señalando que, en el caso de que se constituya como parte acusadora, la Generalitat debe ayudar a indagar si, en efecto, "Triacom vendía sus programas a TV2 muy por encima de los costes de producción.".
Y, en cuanto a la inclusión en el Gobierno de la Generalitat de miembros que heredan las actuaciones de los partidos políticos PDeCAT y CDC, apunta el juez, "lo cierto es que el compromiso de actuación unitaria, como órgano constitucional que es, de la Generalitat, debe ser atenido al ser preferente su constitución como parte a la de desconfianza de sus intenciones".
LA PIEZA 'TRIACOM'
La pieza 'Triacom' es una de las líneas de investigación de la causa donde Pedraz intenta dilucidar si altos cargos de CDC, en connivencia con funcionarios y empresarios, "pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político de forma encubierta".
Para ello, conforme al relato judicial, "alteraban todo tipo de concursos públicos con la finalidad de 'dirigir' los mismos hacia las empresas de los empresarios conniventes quienes, a su vez, realizaban 'donaciones' a fundaciones ligadas a CDC".
El anterior titular de dicho juzgado, José de la Mata, apuntó en 2019 que Triacom podía estar implicada en la presunta financiación ilegal de CDC aunque con una operativa distinta. Su "singularidad" radicaría en que, en vez de hacer donaciones a las fundaciones, pagaría deudas contraídas por el partido catalán con otras empresas justificándolo mediante facturas falsas.
En concreto, detalló que habría saldado una deuda contraída con CDC con la mercantil Hispart, especializada en producción audiovisual, por la campaña electoral de 2010. La cantidad abonada por Triacom por este concepto habría sido de unos 750.000 euros.
De la Mata advirtió entonces de que Triacom también se habría usado para pagar gastos particulares de personas ligadas directa o indirectamente a CDC, entre las que mencionó al ex presidente de la Diputación de Lleida Joan Reñé o la mujer de Oriol Pujol Ferrusola, uno de los hijos del ex presidente catalán Jordi Pujol.
