MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
En una nota informativa, el Alto Tribunal ha comunicado que este lunes ha acordado por "unanimidad" reiterar su reclamación de medidas al Ministerio "toda vez que no se ha recibido ninguna respuesta" por parte del equipo de Llop a la petición que realizó el pasado 31 de enero ni a la segunda que formuló el 22 de febrero tras reunirse con la ministra.
"Las peticiones al Ministerio se producen ante la situación de la Sala Tercera, que desde este mes cuenta con solo 25 magistrados, tras las jubilaciones de Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez, lo que supone el mínimo legal para constituir sus cinco secciones, ya que cada una de ellas debe tener al menor cinco magistrados", ha explicado.
En este sentido, la Sala de Gobierno ha recordado que a ello se suma la "extraordinaria carga de trabajo" después de que desde el pasado diciembre entraran en la Sala de lo Contencioso-Administrativo "cientos de asuntos, tanto de empresas como de profesionales, que reclaman que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado por la aplicación de las medidas que se pusieron en marcha para hacer frente a la pandemia de COVID".
REFORMA LEGISLATIVA
Así las cosas, ha reclamado al Ministerio que impulse una reforma legislativa para modificar el artículo 64 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para que los juzgados o tribunales puedan suspender causas que presentan identidad jurídica sustancial con recursos pendientes de casación ante el Supremo hasta que el Alto Tribunal se pronuncie al respecto.
Según han explicado los magistrados, la finalidad de esta medida sería "evitar que los juzgados y tribunales dicten sentencias que puedan resultar contrarias a la decisión que en el futuro pueda adoptar el Tribunal Supremo", todo ello en aras de una mayor seguridad jurídica.
Un segundo aspecto de la reforma propuesta afecta a la labor de la Sección de Admisión de recursos (artículo 94 de la misma Ley) que, cuando detecte la existencia de un gran número de recursos sobre una cuestión jurídica sustancialmente igual, podrá acordar la admisión de uno o varios de ellos, suspendiendo el trámite de admisión de los demás hasta que se dicte sentencia en los primeros.
En su nota, la Sala de Gobierno ha indicado que se trataría de un mecanismo similar a la tramitación de los denominados 'procedimientos testigos', que permitirá dar una respuesta más ágil ante la entrada de un gran número de recursos sobre una misma cuestión y de hecho evite que la admisión, tramitación y resolución de esos recursos 'colapse' el Tribunal Supremo.
Para afrontar la entrada de los litigios de responsabilidad patrimonial del Estado derivada de medidas COVID, en enero se solicitó también al Ministerio de Justicia que dotase a la Sala de una nueva Secretaría, con un letrado de la Administración de Justicia y el personal funcionario adecuado, así como la dotación de al menos tres plazas de letrados coordinadores en el Gabinete Técnico del tribunal para ser provistas por magistrados del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
