MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El secretario de Estado de Justicia, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, ya adelantó en su última comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado que el Ministerio llevaría los textos al Consejo de Ministros esta semana. Tanto él como Llop han destacado en reiteradas ocasiones que lo que pretenden estas leyes --enmarcadas en el proyecto de Justicia 2030-- es "transformar" el modelo actual en un servicio "ágil, eficaz, accesible e igualitario".
La ministra ha asegurado que "van a suponer un cambio absoluto del modelo de Justicia", ha explicado Llop y que --junto a la Ley de Eficiencia Digital-- supondrán "una auténtica evolución de nuestro modelo de Justicia".
Llop ha asegurado que ambas redacciones --impulsadas por el exministro Juan Carlos Campo-- cuentan con un "gran consenso" autonómico y a nivel institucional. "Vamos a pasar del siglo XIX al siglo XXI sin haber transitado por el XX", ha llegado a decir.
La Ley de Eficiencia Procesal contempla medidas para potenciar los medios adecuados de solución de controversias con la intención de reducir el conflicto social y evitar la sobrecarga de los tribunales. Así, pretende fomentar la mediación y otros medios alternativos para empujar a las partes a probar esta vía antes de pleitear en los juzgados.
El pasado verano, el Consejo Fiscal aprobó el informe relativo a este texto. Los fiscales hicieron una valoración "positiva" del borrador en "términos generales", si bien propusieron algunas "puntualizaciones" a la redacción. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también aprobó el informe, aunque cuestionó la idoneidad de unas medidas de reforma adoptadas a la vista de la situación generada por el coronavirus y que, no obstante, se articulan con vocación de generalidad y permanencia.
La de Eficiencia Organizativa, por su parte, recoge la creación de los tribunales de instancia, la oficina judicial y las oficinas municipales. El pasado octubre, el CGPJ aprobó el informe relativo a este texto al considerar que es "un avance hacia la modernización y racionalización de la organización judicial".
