MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
"Con la finalidad de extremar las garantías, el tribunal va a apoyar la nulidad acordando la retroacción de las actuaciones", ha señalado el presidente del tribunal. Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que el Supremo deberá asignar el procedimiento a un juez instructor, que tendrá que abrir pieza y pedir de nuevo a la Fiscalía que presente su escrito de acusación antes de decidir si acuerda la apertura del juicio oral.
El Supremo tenía previsto juzgar este martes y miércoles a Reguant por haber cometido un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad durante el juicio del 'procés', cuando se negó a responder en calidad de testigo a las preguntas de Vox, que ejercía la acusación popular en la causa, algo que es de obligado cumplimiento para los testigos.
Los hechos se remontan a febrero de 2019, durante el juicio a los líderes independentistas por el referéndum ilegal del 1-O. La Fiscalía pedía en un principio una pena de seis meses de prisión y de inhabilitación. En un escrito de 25 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, ha rebajado su petición a cuatro meses de prisión e inhabilitación.
Durante la sesión de este martes, el abogado mostró su oposición a la modificación del escrito de acusación de la Fiscalía. "Se ha aportado de manera extemporánea y sorpresiva", dijo.
Al hilo, además, pidió al Supremo que acordara la nulidad del juicio al considerar que el escrito que presentó la Fiscalía en un primer momento y el auto de apertura de juicio oral son nulos. Desde su punto de vista, "se prescindió de las normas del procedimiento" al no enviar la causa al Alto Tribunal una vez se informó de que era aforada.
"Cuando se formula el escrito de acusación se obvia la condición de aforada. Consideramos que deben retrotraerse las actuaciones para dictarse un nuevo escrito de acusación y nuevo auto de apertura de juicio oral", señaló su letrado Daniel Amelang, quien sostuvo también que la vulneración de los derechos procesales de Reguant suponía la nulidad de las actuaciones.
En el marco de su intervención, la Fiscalía consideró que en este caso "se han superado unos límites irrebasables que no pueden subsanarse" y que el auto de apertura de juicio oral "solo podía dictarse por un magistrado instructor del Supremo".
JUZGADO DE MADRID
Los magistrados han coincidido y han apoyado la petición, por lo que se ha suspendido el resto de la sesión prevista para este martes y la prevista para mañana.
La causa llegó al Supremo después de que un juzgado madrileño elevara su exposición razonada al Alto Tribunal al considerar que carecía de competencias para juzgar la actuación de Reguant, que goza de aforo en su condición de diputada del Parlament.
La instructora defendió que el Supremo era el órgano competente según lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que establece que en las causas contra los diputados fuera del territorio autonómico "la responsabilidad penal es exigible (...) ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".
REGUANT CELEBRA LA DECISIÓN
A la salida, Eulàlia Reguant ha explicado que más allá de la suspensión, la lucha contra el fascismo "es urgente y necesaria" y ha llamado a organizarse "en las calles construyendo comunidad, barrios y pueblos libres de fascismo".
Por su parte, su abogado, Daniel Amelang, ha indicado que alegaron al inicio que el escrito de acusación y el auto de apertura de juicio oral se siguieron en un juzgado que no era competente. Ha indicado que el tribunal le ha dado la razón y por tanto se ha decretado la nulidad de las actuaciones para dar traslado a fiscalía del Supremo para un nuevo escrito de acusación.
"El juicio se suspende, se anulan ciertos escritos y autos, se harán conforme a derecho y el juicio se volverá a celebrar" dentro de unos meses, ha matizado, para añadir que "esos escritos se dictaron después de que fuera diputada y después de que se comunicara al juzgado la condición de aforada que tenía", ha añadido.
Durante el juicio, la defensa destacó el hecho de que Reguant ya fue sancionada con una multa de 2.500 euros. Y aseguró, además, que con este procedimiento penal se vulnera su derecho a la libertad ideológica y libertad de expresión.
La Fiscalía rechazó estas alegaciones y recordó que Vox ejercía la acusación popular en el juicio del 'procés' y que siguió el procedimiento pertinente para ello. "Era una parte legítima", dijo, citando jurisprudencia previa y releyendo el auto por el que se acordó su personación en la causa.
En el marco de su intervención, el Ministerio Público subrayó que las libertades alegadas por Reguant --ideológica y de expresión-- tienen unas "limitaciones" establecidas en la Constitución. "Está claro que las libertades de Reguant no están amparadas en ninguno de los preceptos a los que se han alegado", añadió. En este sentido, el fiscal Carmelo Quintana insistió en que la dirigente de la CUP "incumplió una norma que era de obligado cumplimiento".
