MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
En un auto de 14 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados han estimado el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la decisión de la juez instructora de admitir a trámite la querella en la que se atribuía a Benito García presuntos delitos de prevaricación, falsedad, revelación de secretos, falsedad o alteración de dictamen o testimonio pericial, y estafa procesal en grado de tentativa.
"Este tribunal considera que a la vista del contenido de la querella ya desde un primer examen se vislumbra con claridad que los hechos denunciados en ningún caso tienen encaje penal, y ello a pesar de que en la querella se realice un repaso generalista del Código Penal para barnizar los hechos denunciados de tintes delictivos", han señalado los jueces.
Los nietos de Franco alegaban en su querella que, con ocasión del procedimiento seguido en su contra relacionado con la titularidad del Pazo de Meirás, Benito García redactó un informe sobre la titularidad de los bienes muebles conservados en el recinto fuera de las funciones encomendadas y sin que mediara orden o resolución judicial. La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado esta afirmación y ha asegurado que el informe controvertido no se emitió con extralimitación de funciones.
Los magistrados han subrayado que, en todo caso, "es en el juicio ordinario tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia de A Coruña dónde debe dilucidarse la eficacia y validez del inventario realizado".
Por ello, han considerado que la pretensión de los Franco de "prolongar artificiosamente en la vía penal el conflicto existente cuyo cauce está perfectamente delimitado ante otra jurisdicción distinta a la penal" no puede ser respaldada por la Audiencia Provincial de Madrid.
NO FILTRÓ A LA PRENSA
Benito García sostuvo que los bienes muebles inventariados procedían de Patrimonio Nacional y de fundaciones u organismos dependientes de dicha entidad, por lo que serían de titularidad del ente público.
En su querella, los Franco se mostraron en contra de esta conclusión y aseguraron, además, que la jefa de conservación había derivado el informe a los medios de comunicación "consciente de la alteración de la realidad de su contenido".
La Sección Séptima del órgano judicial ha descartado que la trabajadora de Patrimonio Nacional cometiese un delito de revelación de secretos. Según consta en el auto, "se trata de meras conjeturas difusas, sugestivas e inconsistentes que no tienen cabida en el ámbito penal".
Así, ha concluido que ni los hechos de la querella ni la documentación adjunta aportan "indicios razonables de criminalidad" y ha considerado que lo pertinente es "rechazar e inadmitir" la querella.
