MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
Según consta en los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la sesión del pasado 9 de febrero, la Dirección General del Servicio Público de Justicia ha desestimado la autorización económica interesada para la adscripción temporal de cinco magistrados al Gabinete Técnico en comisión de servicios con relevación de funciones.
El Ministerio redactó su resolución el pasado 2 de febrero, mismo día en el que se dio a conocer que la titular de Justicia, Pilar Llop, y el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, se reunirían para abordar la implementación de medidas en el Alto Tribunal que combatan las consecuencias derivadas del bloqueo en la renovación del CGPJ, que impide realizar nombramientos discrecionales.
ACUERDA LA PRÓRROGA DE 12 LETRADOS
Aquel 2 de febrero también se anunció que Justicia había acordado prorrogar durante 2022 las medidas extraordinarias aprobadas el año pasado para "paliar" los efectos ocasionados en el funcionamiento del Supremo por el mencionado bloqueo de la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
En concreto, el Ministerio concedió la prórroga de una dotación extraordinaria de 12 letrados -uno de ellos coordinador- en comisión de servicio con relevación de funciones para las áreas civiles, penal, contencioso-administrativa y social del Gabinete Técnico, lo que supone un presupuesto anual de cerca de 700.000 euros.
Fuentes de Justicia han asegurado a Europa Press que desde el Ministerio se ha pedido al órgano de gobierno de los jueces que espere a ver los resultados de los 12 letrados. En este sentido, han explicado que el presupuesto para refuerzos es limitado y se tiene en febrero de 2022 comprometido prácticamente la totalidad. Han recordado, además, que este tipo de medidas se estudia y aprueba de común acuerdo con el CGPJ y que actualmente están trabajando en ello.
Así, Justicia ha rechazado añadir cinco magistrados más a dicho gabinete en el área civil, una medida que el propio presidente de la Sala Civil del Supremo, Francisco Marín Castán, consideraba "indispensable".
EL SUPREMO AVISÓ DE LA GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN
En un informe aprobado por la Sala de Gobierno del Alto Tribunal el pasado 15 de noviembre, Marín Castán advirtió de que sin sumar estos cinco jueces la Sala no era capaz de "dar respuesta adecuada" a una "avalancha" de recursos y aseguró que no podría asumir un incremento como el que se prevé "si no se habilitan con urgencia medidas de refuerzo y apoyo proporcionadas a la gravedad de la situación".
Avisó que si no se adoptaban las medidas necesarias "el perjuicio para la Administración de Justicia será doble". "No solo se elevarán los tiempos de respuesta de resolución de los recursos, en términos que será ya inasumibles, sino que la dedicación de la Sala quedará absorbida por la resolución de recursos repetitivos que, más allá de la resolución del caso concreto, nada aporta a la formación de jurisprudencia", señaló.
En su informe, Marín Castán aseguró que desde la Sala de lo Civil se han adoptado medidas de reorganización para hacer frente a la carga de trabajo, pero explicó que hasta el momento habían sido "insuficientes". Además, recordó que se dio la circunstancia del cese por jubilación de dos magistrados en noviembre de 2020 y que hasta el pasado noviembre solo se había dado cobertura a una de las plazas.
