PONTEVEDRA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
La sentencia de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Alto Tribunal gallego, emitida el pasado 1 de febrero y difundida este martes, determina que es la Administración gallega sobre la que recae la obligatoriedad de hacer estos trabajos porque "no se evidencia la imposibilidad de ejecución de las obras".
El fallo estima el recurso presentado por la Diputación de Pontevedra ante el requerimiento efectuado por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda para la realización de las obras de conservación que, según esta sentencia contra la cabe recurso de casación ante la propia sala del TSXG, debe llevar a cabo la propia Xunta.
Los magistrados resaltan en su fallo que la Xunta incumplió los términos establecidos en los convenios suscritos en 1991 y 2000 con la Diputación de Pontevedra. A través de estos acuerdos, la Administración autonómica asumía la titularidad de la Finca de Lourizán y la obligación de llevar a cabo los trabajos necesarios para su conservación.
En este sentido, los jueces inciden en que el objeto del litigio sobre el que se pronuncian es determinar a quién corresponde hacer las obras y si se han llevado a cabo o no. "No se evidencia la imposibilidad de ejecución de las obras", resaltan los magistrados, que añaden a continuación que "lo que de verdad importa" en el caso es que los trabajos no han sido ejecutados.
Así las cosas, reflejan en su argumentación en que queda fuera del litigio "la forma en que haya de llevarse a cabo su financiación" y también "la concreción del importe al que pueda ascender el coste de las obras".
XUNTA RECUERDA QUE INICIÓ LAS OBRAS
Tras conocerse la sentencia, la Xunta ha informado que las obras de conservación en Lourizán están ya en marcha y que se realizan "al amparo del convenio de cesión del predio y sus instalaciones a la Xunta".
La Administración gallega resalta que los trabajos, entre los que figura la reposición de la cubierta, la limpieza de canalones y bajantes, la impermeabilización de la carpintería o la renovación de luminaria, entre otros; cuentan con un presupuesto total de 208.000 euros y está previsto que terminen en el segundo trimestre del año.
La cuantía dedicada por la Xunta para esta actuación fue criticada por la Diputación de Pontevedra, que calificó hace una semana de "totalmente insuficiente" el presupuesto asignado por el Gobierno gallego para la rehabilitación.
