Esta aportación, prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio, se destina específicamente a retribuir las actuaciones profesionales de los colegios de abogados y procuradores dirigidas a aquellas personas que hayan obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita en las comunidades del territorio Ministerio. Igualmente, esta cantidad cubre los gastos devengados por la tramitación de expedientes, así como el asesoramiento y la orientación previos al proceso.
El reparto de la subvención será gestionado por el Ministerio de Justicia, que, como en ejercicios anteriores, procederá al pago por las certificaciones mensuales que vaya presentando el CGAE, en base a los servicios prestados por cada colegio.
