Ante esta situación, el Ministerio de Justicia acordó en septiembre de 2021 conceder autorización económica para las medidas de refuerzo solicitadas por el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. En total, se hizo una dotación extraordinaria de 12 letrados -uno de ellos coordinador- en comisión de servicio con relevación de funciones para las áreas civiles, penal, contencioso-administrativa y social del Gabinete Técnico hasta diciembre de 2021.
Dado el escaso tiempo transcurrido para comprobar la efectividad de estos refuerzos, la cartera que dirige Pilar Llop prorroga durante 2022 esta dotación de 12 letrados, que supone un presupuesto anual de cerca de 700.000 euros.
Esta medida extraordinaria para mitigar los efectos negativos que supone la no renovación del CGPJ supone la mayor dotación de recursos impulsados por el Ministerio de Justicia hasta el momento.
Este plan de choque se suma a otras medidas impulsadas por el gabinete de Llop, como son la reforma del recurso de casación civil, la mejora de la digitalización de las salas del Alto Tribunal o la digitalización de la jurisdicción militar, en línea con el Ministerio de Defensa.
La ministra de Justicia, con todo su equipo, mantendrá próximamente un encuentro con el presidente del TS y su Sala de Gobierno para continuar implementando estas medidas.
