DE LA TENSIÓN AL PACTO
La constitución acaba de cumplir 43 años. Tiene muy buen aspecto, más allá de alguna pequeña arruga y quizás algún michelín. Sin embargo, su gestación no fue nada fácil. Hagamos un ejercicio de imaginación y trasladémonos al año 1975, a través del túnel del tiempo. En noviembre de aquel año, España era un hervidero de reuniones, comentarios, ideas, pronósticos y cábalas de todo tipo. Franco estaba agonizando en el Hospital de La Paz y el futuro de España se presentaba incierto.
En aquel momento había mucha gente que había sido testigo, en primera persona, del fracaso de la Segunda República, con sus dos revoluciones, la de Asturias y la catalana, así como el posterior advenimiento de la tragedia que supuso la Guerra Civil. Por la calle, en las tertulias, en los medios de comunicación, y por doquier, había tensión y también miedo. Miedo a lo desconocido, pues era difícil prever lo que iba a pasar, ya que lo que parecía claro es que el régimen de la dictadura franquista no podía sobrevivir por mucho tiempo.
El 20 de noviembre murió Franco y, a continuación, fue proclamado Jefe de Estado, a título de Rey, Don Juan Carlos I. Es indudable que la sociedad ansiaba un cambio, aunque no sabría muy bien como podría conseguirse, evitando cualquier tipo de violencia o cualquier paso revolucionario. Dicho de otra manera, fluía una fuerza de abajo hacia arriba que mayoritariamente impulsaba para enfilar el camino hacia la democracia.
Y es en ese momento inicial cuando, desde arriba, el Rey decide que España tiene que llegar a ser un país democrático, estableciendo así una corriente de arriba abajo que, con la de sentido contrario a la que me he referido anteriormente, crea un efecto multiplicador y ambas llegan a actuar como vasos comunicantes.
Conviene recordar la famosa frase de Torcuato Fernández Miranda: “De la ley a la ley a través de la ley”. Esa frase venía a resultar el pistoletazo de salida de la Transición española, por otra parte tan estudiada y tan admirada por el Derecho Comparado.
Aparentemente, y después de las primeras elecciones democráticas, la configuración parlamentaria era muy similar a la de nuestros días: un partido fuerte de centroderecha (UCD), otro también poderoso de centroizquierda (PSOE), el de derechas (Alianza Popular) y el de izquierdas (Partido Comunista). Además estaban los partidos nacionalistas de entonces, tanto el vasco como el catalán, amén de otras pequeñísimas representaciones parlamentarias sin ninguna trascendencia en aquel momento. Pero sí que había algo totalmente distinto a lo existente en nuestros días: la voluntad del cambio pacífico, la idea del acuerdo, de la colaboración, del pacto.
Esta sí fue la gran fuerza que pudo alumbrar nuestra Constitución de 1978. Nadie renunciaba a sus principios, pero todo el mundo estaba dispuesto a buscar los puntos de encuentro, apartando las divergencias. Así, y dentro de ese espíritu que contaba también con el apoyo firme de la ciudadanía, fue posible la aparición de una Constitución de todos y para todos.
Durante los siguientes 30 años, España consiguió los mayores avances de toda su historia, sociales, democráticos y económicos. Baste recordar hitos históricos como los Pactos de la Moncloa (aunque fueran inmediatamente anteriores a la Constitución, forman parte de la Transición y del periodo predemocrático), el Pacto de Toledo, la entrada de España en la Unión Europea, la entrada de España en el euro, la consideración de España internacionalmente como una democracia avanzada o el incremento de la renta a niveles homologables a los de los grandes países de nuestro entorno.
La llegada de la crisis económica en los años 2007 y 2008 marcó el punto de partida para que la convivencia y el pacto fueran pasando a un segundo plano y comenzaran a dejar paso, nuevamente, a la tensión, aunque esta vez era una tensión sin miedo. Poco a poco la situación política y social ha ido degenerando en estos últimos años y creo, con gran dolor de corazón, que ha venido produciéndose de arriba abajo, llegando el pueblo español a reproducir, en ocasiones miméticamente, los desencuentros de sus gobernantes.
Hoy en día priman los gritos sobre los argumentos, los insultos sobre la razón, el considerar al contrario enemigo en lugar de adversario y, lo que es peor, prima la bandera del inmovilismo ideológico sobre el acercamiento al que es distinto, con ánimo de generar entendimiento. Parece que el político que se aviene a negociar y consigue pactos no es el más aplaudido socialmente. Y lo peor es que estas actitudes se han transmitido a la ciudadanía, que comienza a actuar de manera similar.
Este no es el escenario deseado ni para el progreso ni para el brillo de la democracia ni para el avance económico. Hemos regresado a una situación similar a la de 1975, pero con un problema añadido: no se dan las circunstancias para llegar al pacto, ni desde abajo ni desde arriba. Ojalá fuera posible un llamamiento a los españoles para que abandonen la tensión y comiencen a utilizar la razón en lugar de los sentimientos. Para recuperar el cambio hacia el pacto.
Y aquí voy a detenerme en el mundo de las instituciones, y más especialmente en el de la Justicia. Todos echamos de menos el pacto de Estado de la Justicia que llegó a firmarse en 2002, tempranamente desaparecido. Creo que a todos los que ejercemos profesionalmente en el ámbito de la Justicia nos gustaría ver a las fuerzas políticas poniéndose de acuerdo en temas que parecen de estricta necesidad y actualidad. En mi experiencia institucional he podido comprobar siempre que son muchas más las cosas que nos unen, se mire desde la plataforma ideológica que se mire, porque la Justicia es un servicio público del Estado en el que también colaboramos otras profesiones liberales.
Siempre se repite que la Justicia es lenta. Y no voy a ser yo quien niegue esta afirmación, aunque sí he de matizarla. Es más lenta de lo que nos gustaría, pero de muy buena calidad, e incluso de mayor rapidez si la comparamos con países avanzados de nuestro entorno. Sin embargo, nuestra Justicia fracasa estrepitosamente en ámbitos determinados, como algunos macrojuicios en la jurisdicción penal y como la ejecución de sentencias en la jurisdicción civil. Ambas cuestiones tienen remedio, y habrá que ponerse de acuerdo para solucionar el problema mirando al Derecho Comparado, pues en esto sí sacamos mala nota comparativamente hablando.
Constantemente viene diciéndose que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial, y es una obviedad que así hay que hacerlo, cuanto antes mejor. También se habla de que ha de conseguirse su despolitización, sugiriéndose distintas fórmulas para la elección de los vocales de extracción judicial, y olvidándose constantemente de los vocales pertenecientes al cupo de juristas de reconocido prestigio. Si bien los primeros representan un 60% de los miembros que componen el Consejo, los segundos suman la nada despreciable cifra del 40%, casi la mitad del mismo. Y nadie realiza propuestas sobre la elección de estos últimos, que conduzcan a configurar un Consejo más puro, técnico, independiente y exento de politización. Bastaría con que todas las profesiones jurídicas, desde las que están compuestas por funcionarios públicos hasta aquellos cuyos miembros proceden de profesionales liberales, elaborasen una lista con un número limitado y determinado de personas. Esas listas serían propuestas a ambas cámaras, Congreso y Senado, para la elección por ellas de los ocho vocales no jueces.
No conviene olvidar tampoco la necesidad de un gran pacto de planta de demarcación judicial que las actualice y modernice, incorporando así a la Justicia española plenamente al siglo XXI. Sobre esta materia se han sucedido muchos intentos, pero es una cuestión que entiendo merece acuerdos generales para que pueda pervivir en el tiempo.
El análisis en detalle de estas y otras propuestas exceden las dimensiones de este artículo. Pero necesitamos urgentemente propuestas de este tipo y genuino ánimo de colaboración para acercarnos a políticas de convivencia, diálogo y pacto de las que podamos volver a sentirnos satisfechos.
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