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CNUFADN

El Pleno de la Comisión Nacional para el uso forense del ADN aprueba nuevos formularios de consentimiento informado previstos en la reciente Ley de protección de datos

17/12/2021
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El Pleno anual de la Comisión Nacional para el uso forense del ADN (CNUFADN), celebró su XXVI sesión, bajo la presidencia de la directora general para el Servicio Público de Justicia, Maria dels Àngels García Vidal, para tratar cuestiones como la aprobación de los nuevos formularios de consentimiento informado en la toma de muestras biológicas, tanto de investigados, como de encausados o víctimas, para el análisis y obtención de perfiles de ADN.

Con esta nueva documentación se da cumplimiento a la Ley Orgánica 7/2021 de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.

En la reunión se abordó, también, la aprobación de la lista anual de laboratorios españoles que cumplen en materia de calidad y acreditación, en el ejercicio de su actividad en el campo de la genética forense.

La CNUFADN es un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Justicia, en funcionamiento desde el año 2008. Entre sus funciones, además de la citada acreditación en materia de calidad de los laboratorios y el establecimiento de criterios de coordinación entre los mismos, se ocupa de la elaboración de protocolos oficiales y la determinación de las condiciones de seguridad de los laboratorios facultados para contrastar perfiles genéticos en la investigación y persecución de delitos e identificación de cadáveres. Asimismo, la CNUFADN se encarga de formular las propuestas necesarias a los Ministerios de Justicia e Interior, para la eficacia de la investigación y persecución de delitos y la identificación de cadáveres.

La Comisión, que preside la directora general para el Servicio Público de Justicia, está formada por un representante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que actúa como vicepresidente, miembros de laboratorios pertenecientes a los ministerios de Justicia e Interior, representantes de distintas policías autonómicas del Estado, del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado y del cuerpo de médicos forenses, así como un magistrado y un fiscal propuestos por el Ministerio de Justicia, además de expertos en bioética y especialistas en genética del ámbito científico académico.

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