UN GOBIERNO SIN CONTROL
Nos han dicho ya que durante los meses del último estado de alarma “quedó cancelado el régimen de control que, en garantía de los derechos de todos, corresponde al Congreso de los Diputados” (sentencia del TC 183/2021) aunque “la función de control es consustancial a la forma de gobierno” parlamentaria y “esta afirmación es válida incluso para un Gobierno en funciones” (STC 124/2018). También, que el propio Parlamento abdicó de sus funciones, pues tomó la inaudita “decisión de interrumpir temporalmente la actividad parlamentaria” (STC 168/2021). El control parlamentario “está al servicio de la formación de una opinión pública activa y vigilante, que no puede en modo alguno soslayarse durante un estado constitucional de crisis” (STC 183/2021).
Es insólito que afirmaciones tan graves del Tribunal Constitucional no hayan provocado dimisiones en el Gobierno, iniciativas parlamentarias de respuesta o, al menos, el torrente de comentarios a que nos acostumbran los medios de comunicación en casos banales. Estos medios han suavizado en los últimos tiempos su función de ‘antisépticos de la democracia’. Uno de los defectos de la Constitución del 78, parafraseando a Niceto Alcalá-Zamora, es no exigir a las televisiones y medios de comunicación privados el respeto al “pluralismo de la sociedad” que solo predica, en su artículo 20.3, para medios que dependan de presupuestos públicos.
La crisis de la función de control al poder ejecutivo es una enfermedad que aqueja nuestra forma de gobierno parlamentaria.
Desde las elecciones generales de 2015, la fragmentación de resultados ha evidenciado que el sistema de partidos políticos ha cambiado en España. Con su mutación se ha trastocado también el funcionamiento de nuestro sistema constitucional parlamentario, como lo hace siempre -al margen o por encima de lo que digan las normas constitucionales- en todos los estados de Europa, cuando el electorado produce un cambio sociológico tan importante.
El alcance profundo de esa alteración no fue percibido en 2015. La representación de los dos partidos políticos preponderantes invitaba a una ‘gran coalición’, todavía inexplorada en nuestra democracia, como remedio idóneo para garantizar, además de la investidura, una ‘mayoría de gestión’ parlamentaria, pero una oposición impostada la rechazó bajo la consigna del “no es no”, que nos abocó a la primera repetición electoral conocida.
El resultado de los nuevos comicios obligó a la abstención parcial del segundo partido en votos -con una profunda crisis orgánica de por medio-, por lo que, en octubre de 2016, el partido ganador logró la investidura con un Gobierno minoritario, que sería derrotado y reemplazado por la segunda moción de censura presentada contra él, en junio de 2018. Las siguientes elecciones generales, en abril de 2019, alternaron la posición entre los dos partidos con mayor número de votos, pero resultaron estériles para alcanzar una ‘mayoría de investidura’ y formar gobierno, lo que abocó a la segunda y, por el momento, última repetición electoral de nuestra democracia, en noviembre de 2019.
Este nuevo sistema de partidos ha provocado la celebración de cuatro elecciones generales en un plazo de cuatro años. La legislatura actual añade el mérito de haber obtenido un número escandaloso de sentencias constitucionales de condena por mal funcionamiento. Nuestra forma de gobierno es el ‘homme malade’ del parlamentarismo europeo, entre los más ineficaces del multipartidismo extremo, desde la IV República francesa o la I República italiana.
Citaré un ejemplo. La STC 110/2021 declara que el uso abusivo o arbitrario del real decreto-ley invade y menoscaba la potestad legislativa del Parlamento “al tiempo que la posición de las minorías en el procedimiento parlamentario de elaboración de las leyes”. Pese a tal advertencia, la legislatura actual ha vuelto a romper las estadísticas en el empleo inconstitucional de esta fórmula, que cercena el debate parlamentario. El Estado no encuentra momento para legislar si, por ejemplo, es lícito exigir el llamado pasaporte Covid a los ciudadanos, pero sí para establecer que ‘la verdad’ no es ya en España cuestión de historiadores, sino imposición de la burocracia del Estado.
El enfrentamiento del Gobierno con las distintas minorías de la oposición se hace crónico y centrifuga los acuerdos posibles hacia fuerzas parlamentarias antisistema, ajenas a las necesidades reales de España. Las declaraciones e iniciativas contrarias al sistema constitucional de esas fuerzas han llegado a alertar incluso a la Unión Europea.
La preponderancia del partido ganador en 2019 fue exigua, y obligó a formar una coalición escuálida, muy lejos de la mayoría absoluta. Se abrió así el área de poder a grupos minoritarios y antisistema, a los que infundió vida política la investidura de un presidente requerido de apoyos, en lo que los medios denominaron “mayoría Frankenstein”. Paradójicamente, ahora se busca excluir del arco parlamentario de acuerdos a la tercera formación política de la Cámara, aunque esté dentro del respeto a la Constitución.
En imagen de Pierre Daninos, parece que se quisiera dividir España en cuarenta y siete millones de españoles y auspiciar un país donde sumar diez ciudadanos a diez ciudadanos no produciría una suma sino veinte divisiones. Sin embargo, este panorama no excluye el optimismo. El electorado no baja su participación ni se ha desentendido del juego exasperante de este sistema de partidos, sino que ejerce, en clara sustitución, la función de control y responsabilidad democrática que desfallece en las instituciones, pero es esencial en la democracia parlamentaria. El pueblo ha premiado y castigado, así, la actuación de todos los grupos parlamentarios, hasta el punto de que uno de ellos perdió casi 2.500.000 de votos en repetición electoral de noviembre de 2019.
Los partidos políticos deben medir con cautela cómo escenifican sus relatos de ‘discordia’ o de ‘concordia’ pues la “opinión pública activa y vigilante”, a que se refiere la STC 183/2021, ejerce la función de control y puede enderezar una crisis que, al bloquear las reformas durante casi siete años, se ha traducido en crisis económica de importantes dimensiones.
Los electores podemos orientar el voto hacia un sistema donde, cualquiera que sea el número de partidos, el interés general de España, el respeto del ‘fair play’ parlamentario y un debate intenso pero constructivo recuerde los felices primeros años de nuestra transición a la democracia.
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