MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha corregido al juez que instruye la causa 'Púnica', Manuel García-Castellón, y ha revocado su decisión de abrir una nueva pieza separada -la número 13-- para investigar la documentación aportada desde la cárcel de Soto del Real por el que fuera alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, alias 'El Rata'.
Los magistrados de la Sección Cuarta han estimado parcialmente los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y por la representación popular de Adade en dos autos fechados el pasado miércoles y en los que critican "la falta de necesidad y de utilidad" de esta nueva pieza "por la redundancia generada".
Es por eso que la Sala decide devolver las pesquisas a la pieza 9 de 'Púnica', relativa a la presunta financiación ilícita del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. En la misma, el magistrado intenta averiguar si el PP madrileño tuvo una 'caja b', nutrida con donaciones empresariales, con la que financió las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.
Los magistrados consideran que la creación de una nueva pieza, "en lugar de clarificar la situación procesal existente la viene a complicar". Así, y "ante la duplicidad de objetos procesales" que ya existen en la pieza número 9, la Sala se desmarca de la justificación contenida en el auto que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 suscribió el pasado mes de mayo.
"Este tribunal no puede suscribir los razonamientos del magistrado instructor (...) puesto que estos nuevos hechos se enmarcan en el mismo objeto de investigación para cuya comprobación se abrió la pieza separada número 9. Además, no se trata de posibles delitos conexos necesitados de investigación independiente para evitar excesivas complejidades y denostadas dilaciones", explican.
DIVISIÓN "INNECESARIA E INÚTIL"
En esta línea, la Sala insiste en que los hechos "tienen perfecto encaje" en la pieza número 9, lo que hace "innecesaria e inútil" la apertura de una nueva. "Más que clarificar la complicada situación procesal, introduce nuevos trámites y divide la continencia de la causa al duplicar la actividad procesal", sostienen.
Eso sí, los magistrados mantienen la diligencia de investigación ordenada por García-Castellón, que ofició a la Unidad Central Operativa para que analizase las facturas entregadas por Ortega y que podrían acreditar la existencia de un sistema de facturación impuesto "que perseguiría satisfacer necesidades económicas del PP de la Comunidad de Madrid".
"PELIGRO" DE "ROMPER EL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN"
En concreto, el juez instructor instó a la UCO a investigar esas facturas entregadas por Ortega y a compararlas con la documentación entregada por la Comunidad de Madrid relativa a contratos y facturas de publicidad del Mercado de Puerta de Toledo. Se trata de una serie de correos electrónicos que incluyen facturas y que Ortega entrega por medio de su abogado a la Audiencia Nacional en aras de dar muestra de su disposición para colaborar con la Justicia.
En su recurso, el Ministerio Fiscal aseguraba que la incoación de una nueva pieza carecía "de lógica para la investigación de nuevos hechos, que no es que sean conexos, sino que" a su juicio "forman parte del mismo objeto de investigación". La Fiscalía alertaba además del "peligro que supone romper el objeto de la investigación, debiendo preservarse su unidad" incorporando las pesquisas a una sola pieza.
En la misma línea se expresaba Adade, que consideraba que esta división "tendría serios efectos sobre la eficacia del procedimiento", ya que la separación en dos piezas "dificultaría la apreciación de características que tendrían enorme peso a la hora de calificar, como son la continuidad delictiva y la cuantía del dinero desviado, siempre siguiendo el mismo plan y siempre para beneficiar al mismo ente, el Partido Popular y sus dirigentes".
