MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Rajecky está acusado de haberse valido de personas sin identificar que le habrían proporcionado "documentación personal de signo tributario sobre la empresa KTAG", propiedad de Kiska, que "escaneó, elevó a varios correos electrónicos anónimos y remitió por ordenador en septiembre de 2017 a varios empleados y medios de comunicación, exponiendo a terceros no destinatarios los resultados y averiguaciones de controles fiscales de la entidad, sujetos a secreto fiscal".
El Juzgado Central de Instrucción Número 5 acordó el pasado 13 de octubre enviarlo a Bratislava para que sea juzgado por delitos de violación del secreto comercial, bancario, postal o de telecomunicaciones, en ejecución de una Orden de Entrega y Detención Europea (OEDE) formulada por Eslovaquia.
Sin embargo, el reclamado recurrió alegando que la decisión judicial carecía de motivación suficiente, que los hechos estaban prescritos y no están castigados en el ordenamiento jurídico español y que, si finalmente es entregado, las condiciones de detención vulnerarán sus derechos fundamentales.
A este respecto, denunció que podría sufrir "un trato inhumano y vejatorio", "dada la situación actual de la Justicia" eslovaca, advirtiendo asimismo de que puede haber una motivación política en su incriminación o una intención de que confiese por la presión de estar arrestado.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en un auto del pasado 16 de octubre, rechaza su recurso dando luz verde al cumplimiento de la OEDE, si bien concede a Rajecky que la orden judicial impugnada "es parca en razonamiento".
NO APRECIA "POLITIZACIÓN" EN ESTE CASO
Los magistrados señalan que, aunque los hechos afecten a un presidente, el presunto comportamiento de Rajecky "no puede ampararse en la libertad de expresión" porque "la antijuridicidad del tipo se funda más en la manera de conseguir la información y en la manera de revelarla subrepticia y anónimamente, afectando a datos especialmente protegidos y a la capacidad competitiva de las empresas, que en sí se revela".
Por ello, explican, "el hecho de ser la víctima del delito reclamado indirectamente un presidente de la república no conlleva relación de politización que pueda inferir riesgo de concreta posible vulneración del derecho a la integridad física o mental del reclamado, o de que su detención sea arbitraria o caprichosa, haciendo inaplicable la doctrina alegada de posible politización".
Contestan igualmente a las alegaciones contra la Justicia eslovaca, apuntando que, de acuerdo con Eurojust, en ese país las OEDE las emiten los jueces, que son independientes del Poder Ejecutivo, "no estando expuestos al riesgo de recibir indicaciones o instrucciones" del mismo. Y, en cualquier caso, sus decisiones "son siempre revisables ante un tribunal", añaden.
