Con este fin se han reunido recientemente en El Salvador los directores de todos los servicios de investigación criminal y medicina legal de los países integrados en el SICA (Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana), en un encuentro al que ha asistido Javier Samper, en representación de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio que dirige Pilar Llop.
El proyecto ICRIME es uno de los programas de cooperación al desarrollo en los que participa Justicia. Su finalidad es mejorar la seguridad de los ciudadanos del SICA y aumentar la eficacia de la justicia penal en la persecución de la delincuencia organizada y el tráfico de drogas a nivel internacional.
En esta lucha contra el crimen, los servicios forenses representan un elemento crucial. Por eso, durante 2019 el 17% de los casi 250 expertos que participaron en estas actividades de cooperación al desarrollo en materia de Justicia han sido médicos forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF). Su colaboración en este ámbito centroamericano en los procedimientos de acreditación y mejora del control de calidad de los laboratorios, favoreciendo que las pruebas forenses obtenidas puedan ser reconocidas a nivel transnacional, ha sido esencial en la lucha contra el crimen organizado.
