BRUSELAS, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Abogado General del TJUE Manuel Campos Sánchez-Bordona será el encargado de elaborar el primer escrito de conclusiones que, en cualquier caso, no será vinculante de cara a la posterior sentencia que emitirán los jueces. La fecha fijada para la publicación de la opinión del letrado español es el 2 de diciembre, ha informado el tribunal de Luxemburgo.
La vista de ambos asuntos se ha prolongado durante dos días en los que los abogados de Budapest y Varsovia han defendido su oposición al reglamento sobre la condicionalidad de los fondos europeos, que afecta también al plan de recuperación.
Sus recursos se dirigen contra el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea como instituciones con poderes legislativos, pero la Comisión Europea y una decena de Estados miembros (entre ellos España, Francia y Alemania) se han personado en defensa de la normativa.
Aplicable desde el pasado 1 de enero, el reglamento fue aprobado con el rechazo de los gobiernos de Hungría y Polonia, que consideran que es arbitraria y carece de base jurídica, por lo que durante varias semanas bloquearon la adopción del presupuesto europeo y del plan anticrisis de 800.000 millones de euros.
Ambas capitales cedieron y levantaron su veto antes de que finalizara 2020, pero garantizaron que llevarían sus dudas ante el Tribunal de Justicia de la UE, un paso que dieron en marzo.
Bruselas se comprometió a no iniciar procedimientos en virtud de este mecanismo hasta conocer el veredicto del TUE, pero la deriva totalitaria de Budapest y Varsovia y el pulso que ambos países mantienen con el Ejecutivo comunitario --sobre todo por los ataques a la independencia judicial--han llevado a Bruselas a avanzar que enviará en las próximas semanas las primeras notificaciones a las dos capitales.
Es un movimiento que el Parlamento Europeo ha reclamado en varias ocasiones desde que la normativa es aplicable, es decir, desde principios de año. La última, en un comunicado tras conocer el fallo del Tribunal Constitucional polaco que pone en duda la primacía del Derecho comunitario sobre la Carta Magna de Polonia.
