LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un comunicado, se ha confirmado de esta manera el permiso judicial a las autoridades sanitarias para que se inmunice al hombre, una decisión que no es susceptible de recurso.
En concreto, la Audiencia Provincial ha dictado este viernes el auto que desestima el recurso de apelación interpuesto por el hijo del afectado contra la resolución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º3 de Puerto del Rosario, que el pasado 26 de mayo autorizó al servicio sanitario de una residencia a suministrar la vacuna a un interno "no capacitado para adoptar de una forma válida y consciente cualquier tipo de decisión que afecte a su salud".
La Sala ha tomado su decisión al amparo del artículo 9.6 de la Ley de la autonomía del paciente 41/2002 de 14 de noviembre, que establece que en los casos en los que el consentimiento haya de otorgarlo el representante legal [del afectado] o las personas vinculadas por razones familiares o de hecho, "la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente".
Además, la resolución recuerda que la norma establece que aquellas decisiones que sean contrarias a dichos intereses "deberán ponerse en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a través del Ministerio Fiscal, para que adopte la resolución judicial correspondiente".
El magistrado ponente, José Antonio Morales Mateo, ha apuntado que, a la luz de este postulado, la única perspectiva a ponderar en el caso "es la individual del paciente, es decir, la identificación de la mayor protección o el mayor beneficio de la salud del residente, debiendo quedar al margen cualesquier otra consideración".
"La administración de la vacuna --añade-- supone, desde la perspectiva del interés individual y protección para la vida y la salud del mismo, un beneficio incontestable, mucho mayor que los riesgos que supondría la no administración de la misma, teniendo en cuenta que, si bien no se trata de una persona que por sus patologías esté en un grupo de riesgo, sí lo está por estar en régimen cerrado en una residencia, rodeado de decenas de internos, y con el tráfico de personas diversas, personal, médicos, familiares... lógico en una residencia".
