MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El número de adultos condenados por sentencia firme en 2020 fue de 221.437 personas, lo que supone un descenso del 22,8 por ciento respecto a 2019. Además, según reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) los delitos más frecuentes en este grupo fueron los relacionados con la seguridad vial (22,7% del total), las lesiones (17,1%) y los hurtos (15,3%).
En la nota de prensa facilitada por el organismo público se destaca además que la mayor parte de los condenados en 2020 tenía nacionalidad española (74,9% frente al 75,0% del año anterior). Pero matiza que, atendiendo a la tasa de condenados por cada 1.000 habitantes, la de los condenados de nacionalidad extranjera (12,6) fue superior en 2,6 veces a la de los de nacionalidad española (4,8).
Por otro lado, el número de adultos condenados por delitos sexuales descendió en 2020 --año en el que irrumpió la pandemia y se produjo un confinamiento generalizado de la sociedad durante el primer estado de alarma-- un 12,3 por ciento (2.374 personas) respecto a 2019. Y que cuando más subieron en general los delitos, al menos respecto al año anterior fue en los meses de enero, febrero y julio.
Además, las estadísticas arrojan que el 80,5 por ciento de las personas condenadas en 2020 eran varones frente al 19,5 por ciento que eran mujeres. Por sexos, las condenas cayeron un 21,7% en hombres y un 27,1% en mujeres.
Estos datos arrojan que la tasa de personas condenadas por cada 1.000 habitantes de 18 y más años fue de 5,7, siendo en los hombres de 9,4 y en las mujeres de 2,1. En cuanto a la edad media de los condenados, se ubica en los 37,7 años, si bien el grupo más frecuente, analizando las tasas por 1.000 habitantes de las personas condenadas por sexo y edad, es el de 18 a 20 años tanto en el caso de los varones como en el de las mujeres.
PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD
En el Registro Central de Penados consta además que se impusieron 592.957 penas en sentencias firmes dictadas, un 22,9 por ciento menos que en 2019. El 48,1% de las penas, tanto principales como accesorias,fueron privativas de otros derechos mientras que el 32,6% fueron de multa y el 19,1% privativas de libertad.
Entre las penas privativas de otros derechos, la más frecuente fue la inhabilitación especial para empleo (15,1% del total). Y entre las privativas de libertad, la más común fue la de prisión (18,4%).
Destaca que por nacionalidad del infractor, las penas privativas de libertad fueron más frecuentes entre condenados extranjeros (20,3% del total, frente a 18,8% de los españoles). En particular, lapena de prisión supuso el 19,8% del total en los extranjeros y el 18,0% en los españoles.
Con todo, de las 109.344 penas de prisión que se impusieron, sólo el 6,7% fue de una duración de entre dos y cinco años y el 1,5% conuna duración de más de cinco años. Se refleja además que más de 30 por ciento de las penas recayeron sobre delitos relativos al patrimonio y orden socioeconómico, el 17,1 por ciento sobre delitos relativos a la seguridad colectiva y el 11,5 sobre delitos de lesiones.
TIPOLOGÍA DEL DELITO
El INE refleja que en 2020 se inscribieron 311.271 delitos cometidos (un 24,6% menos que en el año anterior), y atendiendo a su tipología, los que tuvieron mayor incidencia fueron los delitos contra la seguridad vial (22,7% del total), los de lesiones (17,1%) y los de hurtos (15,3%).
Después de estos tres, van muy por debajo los delitos de defraudación, robo, amenaza, quebrantamiento de condena, atentado contra la autoridad, contra la salud pública, daños, tortura e integridad moral, falsedad documental o contra los deberes y derechos de los familiares.
Por comunidades autónomas, la que inscribió más personas condenadas en 2020 fue Andalucía, con un 19,2 por ciento del total, le siguieron Cataluña (15,9%) y la Comunidad Valenciana (12,9%). Además destaca que la catalana fue la comunidad con más condenados extranjeros (25,6% del total) seguida de Comunidad de Madrid (16,3%) y Comunidad Valenciana (13,2%).
En cuanto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, indica que registraron las tasas de condenados inscritos por 1.000 habitantes más elevadas (12,2 y 10,6, respectivamente). Por el contrario, Castilla y León (3,6) y Castilla-La Mancha (3,7) presentaron las tasas más bajas.
