MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -
Macarena Olona confirma la interposición del recurso porque la norma balear "impone la vacunación obligatoria y el confinamiento forzoso, entre otras medidas ilegales". No obstante, el punto de la vacunación no está contenido en la reforma señalada, como aclaró en su día la propia Consejería de Salud balear ante mensajes que aparecían en redes sociales señalando dicha obligatoriedad.
El recurso fue anunciado por Vox a mediados del pasado mes de julio, cuando en su página web señaló que llevaría al Tribunal Constitucional el Decreto 5/2021 del Gobierno de las Islas Baleares que entró en vigor el 7 de mayo.
Con ocasión de este anuncio, Vox ya señalaba que "el Ejecutivo balear que preside la socialista Francina Armengol con el apoyo de Unidas-Podemos y Més per Mallorca", a quien llama "la marca blanca de Bildu en Baleares", "pretende vacunaciones y confinamientos forzosos o confiscación de bienes, además del establecimiento de "un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19".
La reforma, que se aprobó tramitar como proyecto de Ley, regula medidas de confinamiento perimetral de una barriada, un municipio, una isla o todo el archipiélago, los controles a la entrada de las islas a través de puertos y aeropuertos, la restricción de las reuniones, la limitación a la movilidad en horario nocturno o la limitación de aforos en lugares de culto. Entre los nuevos artículos que se introducen en la ley sanitaria de 2010 se incluyen también medidas de intervención de centros de servicios sociales.
RÉGIMEN SANCIONADOR ESPECÍFICO
En cuanto régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas por paliar los efectos de la crisis por el COVID-19, la norma contempla que se puedan agravar las infracciones leves y graves cuando estas son cometidas en un territorio donde se haya declarado el máximo nivel de alerta sanitaria.
En este punto se incluye también un nuevo tipo infractor que sanciona los incumplimientos de la acreditación del resultado negativo de las pruebas diagnósticas que, en su caso, se establezcan, con carácter previo, como medidas de control de la salida de la zona o la isla o las islas afectadas o de entrada en estas, o la negativa a someterse a estas pruebas con carácter posterior.
El decreto incluye asimismo una disposición adicional única que fija precios y tarifas máximas que tienen que aplicar los centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios, públicos y privados, para la realización de las pruebas diagnósticas. Así, se establece que las PCR costarán como máximo 75 euros y las pruebas de antígenos, 30 euros.
