BARCELONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
En un comunicado este jueves, el Icab ha afirmado que el texto incluye algunos elementos que contravienen la directiva que la ley debe transponer y que "podrían suponer la ineficacia del mecanismo de segunda oportunidad, y podría generar una situación de inseguridad a las personas insolventes de buena fe".
Por eso, el texto actual supondría "un enorme paso atrás" y podría imposibilitar el acceso al mecanismo de segunda oportunidad, y ha instado al Gobierno a replantear el texto con el objetivo de acomodarlo al espíritu y al texto de la directiva europea.
Respecto la consideración de deudor de buena fe, el Icab ha subrayado que introduce en el artículo 487 unas excepciones a la exoneración que "provocarían que muchos deudores no pudieran acceder como hasta ahora a este mecanismo" y se les abocaría, a su parecer, a la economía sumergida o a la marginalidad.
Para el Icab, que los requisitos de buena fe pudieran ser examinados por el juez en la sección de calificación del concurso sería "más acorde" con el derecho del deudor y con un modelo que ha dado buenos resultados.
ASESORAMIENTO JURÍDICO
Sobre la necesidad de asesoramiento jurídico, ha dicho que el borrador parte de que en algunos supuestos la defensa jurídica podría ser un "coste innecesario para el procedimiento y para el deudor, aunque realmente es la única manera de garantizar el derecho de defensa".
Así, ha criticado que, en caso de aprobarse el anteproyecto con la redacción actual, "quien tiene más recursos podría acudir asesorado al procedimiento pero quien no dispone de medios no podría acceder a la justicia gratuita" y, por tanto, no tendría acceso en la práctica al mecanismo de la segunda oportunidad.
OTROS ASPECTOS
En cuanto a la sobreprotección del crédito público, el Icab pide tener en cuenta que contravendría el articulado de la directiva europea, y que podría impedir el cumplimiento de la finalidad del mecanismo que exige ésta: la cancelación plena de las deudas.
En este sentido probablemente comportaría "un alud de cuestiones prejudiciales y de batallas estériles" en los juzgados durante años para lograr acomodar la regulación española a la europea.
Desde el Icab han asegurado que, en materia de vivienda habitual, debe facilitarse al juez la posibilidad de articular una "protección efectiva" atendiendo a las circunstancias del caso.
