CÁCERES, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
La sala desestima los recursos formulados por la acusación particular ejercida por la viuda y las hijas menores y la acusación popular ejercida por la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que pedían la nulidad del veredicto del jurado, así como el de la defensa del acusado que pedía que se le aplicase, entre otros, el atenuante por ingesta de bebidas alcohólicas.
El tribunal en su fundamentación recoge que el jurado sí que apuntó las pruebas para considerar que no daba por probada la participación de los otros tres acusados en esta causa, y que fueron absueltos, y rechaza que se haya producido un quebrantamiento de las normas y garantías procesales.
El acusado fue encontrado culpable de homicidio por el jurado encargado de enjuiciar la muerte en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz con sede en Mérida, con el atenuante de reparación del daño al confesar los hechos y depositar la suma de 20.000 euros para su entrega a la familia de la víctima.
La sentencia de instancia le condena además de a los 12 años de prisión a no residir o visitar las localidades en las que vive la familia del fallecido por un periodo de ocho años y a indemnizar a los dos hijos menores y a las hermanas de este con 428.000 euros en concepto de responsabilidad civil.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 1 de noviembre de 2018 cuando el condenado, dos de sus hermanos y un amigo se encontraba en un local de ocio nocturno de Don Benito y se vieron envueltos en unos altercados, ha recordado el TSJEx en nota de prensa.
En dicho altercado intervino el fallecido, guardia civil fuera de servicio, que intentó calmar los ánimos sin que se identificara como agente, al cual "por su seguridad" se le aconsejó que abandonara el local.
Una vez en la calle, señala la sentencia, el acusado se acercó a la víctima y lo apuñaló "con ánimo de matar, alcanzando con una navaja que llevaba zonas vitales de su cuerpo".
Los otros tres acusados en esta causa fueron absueltos por el jurado al no quedar probado que participaran en un contexto de hostigamiento o intimidación contra la víctima.
La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
