SEVILLA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
Así lo ha puesto de manifiesto el presidente del alto tribunal andaluz en una comparecencia ante la comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local del Parlamento en el marco de la tramitación de este proyecto de ley que el pasado mes de marzo superó su debate de totalidad en el Pleno de la Cámara autonómica.
Lorenzo del Río ha considerado "positivo" que "desde el ámbito parlamentario" se tengan medidas como la que plantea la referida iniciativa del Gobierno andaluz, y en esa línea ha defendido que "es importante establecer mecanismos y medidas que sean previas a las medidas penales", y son "iniciativas positivas" establecer "mecanismos de control, de peso y contrapeso dentro de las instituciones" como los que, en su opinión, plantea este proyecto.
En ese sentido, el presidente del TSJA ha defendido que esta iniciativa legislativa constituye "un avance en la lucha contra el fraude y la corrupción", y ha considerado "importante que las instituciones luchemos por rescatar la credibilidad" ante la ciudadanía y que "no se genere desconfianza social", porque eso les da "mucha mayor legitimidad".
Tras apuntar que no le correspondía "valorar técnicamente" esta iniciativa, pero que, en todo caso, no le ve "nada destacable en sentido negativo" en ese sentido, también ha valorado que el proyecto incardine la Oficina contra el fraude dentro del propio Parlamento andaluz, entendiendo que éste constituye "el espacio natural para un órgano administrativo".
POSIBLE "SOLAPAMIENTO" CON LEY ESTATAL
Con todo, el presidente del TSJA sí ha advertido de un posible "solapamiento" que se pueda producir entre esta ley andaluza y la ley que a nivel estatal debe aprobar este año el Parlamento español para trasponer la Directiva 2019/1937, del Parlamento Europeo, en la que "se inspira" la iniciativa de la Junta y que atañe a la protección de las personas denunciantes.
Así, Del Río ha detallado que dicha directiva "debe estar trasplantada" al ordenamiento jurídico español "el 17 de diciembre de este año" como máximo, de forma que "el Parlamento español tiene obligación, antes" de esa fecha, de "tener una ley de protección como ésta".
De este modo, "quizá tendremos que ver si se va a producir un solapamiento entre ambas leyes, la estatal y andaluza, cuando el Parlamento nacional trasponga esa directiva, que es mucho más amplia", según ha advertido el presidente del TSJA, que en ese sentido ha augurado la posibilidad de que, "dentro de unos meses", cuando se apruebe la ley nacional, sea "necesaria una corrección o ampliación" de la andaluza para "adaptarla" a la estatal que debe alumbrarse este año.
De igual modo, ha explicado que en la directiva europea se hace "una diferencia entre la denuncia y la protección y, luego, quién puede sancionar y a quién se deriva", y en la ley andaluza "está todo unificado en la propia Oficina" contra el fraude. Del Río ha planteado que "quizá sea conveniente que se especifiquen claramente" en el artículo 29, sobre la estructura de la Oficina, las funciones de las dos subdirecciones que se contemplan al respecto.
Así, ha apuntado que el proyecto de ley contempla dos subdirecciones dentro de la Oficina, pero "no se establece claramente cuál de las dos va a ser de entrada y canal de denuncias", por lo que ha comentado si no sería posible delimitar "bien entre quién recibe la denuncia y establece normas de protección y quién, en su caso, ya hace investigación e impone sanciones".
En cuanto a la relación entre la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción y la competencia de los tribunales, el presidente del TSJA ha considerado que "está trabajado bien el engranaje entre la actuación investigadora y las competencias del poder judicial o la investigación fiscal".
"En principio se ha procurado evitar que pueda haber un solapamiento o doble investigación", según ha comentado Lorenzo del Río, quien también ha llamado la atención acerca de que los plazos de prescripción de las sanciones que puede imponer la Oficina se han ido "muy arriba" respecto a lo que contempla la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece que "las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses".
Frente a ello, el proyecto de ley andaluz contempla que el plazo de prescripción de las infracciones será de cinco años para las infracciones muy graves, tres años para las graves y un año para las leves, según ha recordado el presidente del TSJA, que ha señalado que es "perfectamente posible" fijar esos plazos, pero que no sabe si sería más "conveniente" que los diputados valoren la opción de "acompasar" los mismos a la citada ley estatal.
En todo caso, el presidente del TSJA ha concluido insistiendo en que su valoración general del proyecto de ley es "positiva" y no le ve "elementos de distorsión", y aunque "habrá que esperar a su desarrollo reglamentario", de entrada cree que "puede ser una buena iniciativa para que el ciudadano vea que desde el punto de vista de la administración somos conscientes de la transparencia, de la necesidad de establecer filtros, y que la gente crea en sus instituciones".
