MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
En la misiva, destaca que el cambio de modelo procesal puede contribuir a racionalizar la investigación penal y a enriquecerla a través de la especialización, a homologar nuestro sistema con el de los países de nuestro entorno y a mejorar la calidad, eficiencia y agilidad de la Administración de justicia.
Además, Delgado pone de relieve en su carta que la proyectada reforma constituye un punto de inflexión para hacer realidad la modernización del Ministerio Fiscal y la conquista de mayores cotas de autonomía y capacidad organizativa. Se trata de "un momento de especial trascendencia" y "un hito que marcará el futuro de la institución a la que servimos", afirma.
Recuerda que "es el Ministerio Fiscal quien debe liderar el proceso de profunda reflexión" y que "los y las fiscales -todos- estamos en las mejores condiciones para realizar un análisis técnicamente riguroso del Anteproyecto", con especial atención a las implicaciones prácticas en el quehacer diario.
"Se trata, en definitiva, de aprovechar la capilaridad de la institución para asegurar el abordaje conjunto de las repercusiones orgánicas, operativas, funcionales, de representación institucional y de cualquier otra naturaleza que pueda tener el nuevo modelo, colaborando en la mejora de su diseño y efectiva viabilidad", agrega.
COLABORACIÓN VOLUNTARIA
Tal y como la Fiscal General anticipó en la reunión celebrada en el mes de diciembre con representantes de las asociaciones, la metodología de trabajo se basa en la colaboración voluntaria de todos los fiscales, que podrán optar por alguno de los 12 bloques propuestos con "absoluta libertad" en atención a criterios de especialización, desempeño profesional cotidiano o especial interés.
El resultado de este estudio se unirá para su análisis al que desde el pasado mes de diciembre lleva a cabo la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y que ha culminado en la confección de un primer documento.
Todo ello se incorporará a un compendio del Ministerio Fiscal sobre el Anteproyecto con el que sin duda se enriquecerá el preceptivo informe que habrá de elaborar el Consejo Fiscal, órgano de representación de la carrera fiscal, en el momento en que se dé traslado oficial.
NOVEDADES DE LA NUEVA LECRIM
La gran novedad que plantea el borrador de la LeCrim es que se pasa del juez instructor al fiscal instructor. Los fiscales serán ahora quienes dirijan la investigación con la intervención puntual de un juez de garantías para autorizar las medidas que afecten a derechos fundamentales.
Las asociaciones de jueces y fiscales no consideran problemático el cambio de modelo, ya que la instrucción fiscal está extendida en los países de nuestro entorno, pero creen que debe llevar aparejada una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dotar de mayor autonomía a los nuevos instructores y reclaman más recursos materiales y humanos para abordar una transformación de tal envergadura.
Cuestión más controvertida es que la nueva LeCrim, tal y como está planteada en estos momentos, otorga también al Ministerio Público el control de la información que trasciende sobre los procesos penales en fase de instrucción, para limitarla a "lo esencial desde el punto de vista del interés informativo" y evitar así un "grave atentado" a la presunción de inocencia.
Otro punto polémico es la nueva configuración de la acusación popular, que ya no podrán ejercerla las personas jurídicas públicas, los partidos políticos y los sindicatos. Respecto a los dos últimos, se pretende evitar una instrumentalización del proceso penal, un riesgo que se deriva de su intervención activa en el debate político.
Además, la nueva LeCrim establecerá un elenco de delitos que resultan idóneos para que los ciudadanos puedan defender una visión de la legalidad penal alternativa a la del Ministerio Fiscal, como puede ser el caso de las infracciones que protegen intereses difusos o de los delitos de corrupción política. Otra de las novedades es la introducción del término "encausada" como denominación genérica de la persona sometida al procedimiento en cualquiera de sus fases, aunque podrá hablarse de investigada cuando sea la sometida a investigación, acusada como aquella frente a la que se ha ejercido la acción penal y finalmente la condenada o penada.
Se crea también un "estatuto de la persona encausada", encabezado con el deber de objetividad que alcanza a todas las autoridades que intervienen en el procedimiento penal, y que recoge los derechos del encausado a conocer los cargos y la acusación, a acceder a las actuaciones --salvo declaración de secreto-- y a participar activamente en el proceso.
El Anteproyecto crea además una segunda forma de detención preventiva "más leve", con una duración máxima de 24 horas frente las 72 actuales, destinada a facilitar las actuaciones procesales que requieran la presencia del arrestado, así como una figura policial encargada de velar por el respeto a los derechos de la persona detenida.
