LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
En este sentido, indican que en el Informe de la Iniciativa se recoge que las entidades del Tercer Sector de acción social tienen un "importante papel" para la sociedad en momentos de crisis porque constituyen organizaciones privadas de carácter voluntario y sin ánimo de lucro que desarrollan actividades en áreas de interés social a través de programas o proyectos encaminados a impulsar el reconocimiento, así como el ejercicio de los derechos sociales, logrando la cohesión y la inclusión social de todas las personas afectadas.
Al respecto, el director general de Derechos Sociales, Javier Bermúdez, explicó que estas entidades "tienen capacidad para diversificar sus actividades y permiten canalizar las necesidades y la solidaridad de la ciudadanía sirviendo para dar respuesta a muchas de las problemáticas" que se plantean en el ámbito económico y social, especialmente para las personas que se encuentren en situación de pobreza y exclusión social y/o inserción laboral.
Añade que el Tercer Sector de acción social "ha sido y es determinante en el mantenimiento del estado de bienestar" porque contribuye a la construcción y el fortalecimiento de un tejido social y una sociedad civil "activa e implicada en la toma de decisiones políticas ayudando a reducir desigualdades sociales y a generar una mayor cohesión y justicia social", según informó el Ejecutivo regional en nota de prensa.
Así, expone que el proyecto busca dotar con un texto normativo que establezca un marco jurídico estable y apoyar la labor que estas entidades realizan en el archipiélago, tal y como se recoge en la Ley de Servicios Sociales de Canarias, en la que se establece el nuevo marco normativo del sistema público de servicios sociales de Canarias.
Por ello, la futura norma deberá definir el marco jurídico de las entidades que integran el Tercer Sector de acción social de Canarias; regular los requisitos y características que han de reunir las entidades que integran el Tercer Sector de acción social de las islas; o determinar el régimen jurídico, los objetivos de interés social y los principios de actuación aplicables a las entidades que integran del Tercer Sector de acción social del archipiélago.
Además de delimitar la participación de las entidades que integran el Tercer Sector de acción social en las políticas públicas en los ámbitos social y asistencial de las islas, así como establecer las medidas de fomento de las entidades que integran el Tercer Sector de acción social en el archipiélago.
De esta forma, se abre la consulta pública previa para recabar la opinión de las personas y de las organizaciones interesadas con el fin de recoger sugerencias, observaciones y propuestas para esta futura norma de acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
