En su intervención, Campo ha señalado que el Derecho, en España, tiene herramientas ágiles y eficaces para hacer frente al fenómeno en tres ámbitos: el civil, el penal y el administrativo. Y ha destacado que “el desalojo de una vivienda, ocupada ilegalmente, se produce de manera inmediata. No es verdad ese falso rumor sobre que si pasan 48 horas ya nadie puede echar a las personas que han ocupado la vivienda, o que si se cambia la cerradura el propietario ya no puede denunciar.”
Por otro lado, Campo ha hecho hincapié en aclarar que la inmensa mayoría de los casos son de usurpación, es decir, “no se trata de primeras ni segundas viviendas habituales, sino que afecta casi en un 80% a grandes grupos inmobiliarios o a entidades financieras”.
En ese sentido, el ministro ha señalado que con estos datos no se trata de justificar o normalizar el delito de usurpación. Todo lo contrario, ha indicado Campo, “el Estado de Derecho actúa también frente a estas conductas y la Ley protege a las personas afectadas”.
Campo se ha basado en las estadísticas proporcionadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El ministro ha indicado que en 2017 se produjeron un total de 6.757 condenas de adultos por delito de usurpación, no de allanamiento, ha puntualizado, y en 2018 un total de 6.028. Es decir, “en 2018 se redujo el número de condenas”, ha señalado.
Campo ha invitado al PP a huir “del populismo que estigmatiza a los colectivos más vulnerables en un momento tan crítico como el que atravesamos, con unas profundas crisis económica y social en el mundo a causa de la COVID-19”. Y ha reiterado, para finalizar, que “el Estado de Derecho da respuesta al fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas, la Ley ofrece alternativas y el Gobierno y el resto de instituciones del Estado trabajan de forma permanente para adoptar medidas más eficaces”.
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