MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo recoge en su informe que las autoridades españolas han explicado que la legislación sobre protección de datos (incluyendo datos bancarios) ampara que la Justicia puedan recoger datos personales en el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, el organismo multilateral ha alertado de que no existe ninguna norma que detalle quién y a petición de qué órgano, de qué forma o durante qué periodo de tiempo, puede llevar a cabo esas medidas. Así, aunque la vigilancia de operaciones bancarias es una "práctica común en las investigaciones", no está especificada por ley.
"Parece que España no tiene provisiones explícitas vigentes para monitorizar operaciones bancarias", ha concluido el Consejo de Europa. Por este motivo, ha recomendado al Gobierno que considere aprobar preceptos legales "más explícitos y detallados" y que las medidas se apliquen de acuerdo a los delitos identificados por la Convención del Consejo de Europa sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
