MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha destacado que la lucha contra el fraude fiscal es una "prioridad" del Ejecutivo porque "no hay justicia social ni tributaria si algunos pretenden eludir sus compromisos y obligaciones que tienen el resto".
Montero ha destacado que con el proyecto de la ley, remitido ya al Congreso, se pretende luchar contra el fraude fiscal, una actividad que genera "competitividad desleal" entre áreas de actividad económica y el deterioro de la recaudación para blindar los servicios públicos, e instaurar la "tolerancia cero" contra cualquier práctica fraudulenta, especialmente en el actual momento de crisis, ya que las prácticas irregulares suponen un "agravio" para los contribuyentes cumplidores y restan recursos al Estado de bienestar.
Así, ha explicado que la norma incluye medidas de "gran calado" que refuerzan las herramientas que previenen y combaten la evasión fiscal y ponen el foco en las fórmulas de fraude "más avanzadas y complejas", que requieren de ingeniería, lo que a su vez precisa de una especialización en la Agencia Tributaria, especialmente en la unidad de grandes contribuyentes y grandes patrimonios.
La nueva norma, ha resaltado, intensifica la labor de la AEAT que el año pasado recaudó 15.715 millones en lucha contra el fraude fiscal, un 4,1%, e incluye medidas como la prohibición del denominado software de doble uso utilizado por grandes compañías para hacer una doble contabilidad con programas informáticos que permiten su manipulación.
También incluye la prevención del fraude y el control de las criptomonedas y la limitación del pago en efectivo para determinadas actividades económicas, reduciéndose de los 2.500 euros actuales a los 1.000 euros entre profesionales y empresarios, mientras que permanece en 2.500 euros para particulares, aunque el objetivo es "ir disminuyendo cuantías" para combatir la economía sumergida.
A su vez, se redice de 15.000 euros a 10.000 euros el límite para particulares con domicilio fiscal en el exterior.
Igualmente, se recoge la prohibición de las amnistías fiscales, en línea con el acuerdo programático para eliminar el "beneficio" a incumplidores "como hicieron gobiernos pasados", y se amplía la lista de deudores tributarios disminuyendo el umbral de un millón a 600.000 euros con el fin de agilizar el pago de la deuda.
Por último, también se transpone la directiva europea sobre lucha contra el fraude fiscal en el marco del programa BEPS para que introducir elementos de transparencia y garantizar que las empresas que trasladen sus activos desde España a otro país tributen aquí por plusvalías que se generen o se mantengan latentes.
El conjunto de medidas podría generar en torno a 800 millones de euros adicionales en un solo ejercicio contable, según ha estimado Montero.
