El proyecto, cuyo equipo cuenta con profesores de diez países europeos, tiene como objetivo el desarrollo de un conjunto de principios y un estándar armonizado de reglas de exclusión de pruebas, con una atención específica a las pruebas electrónicas, que podría funcionar como modelo para la legislación a nivel de Unión Europea sobre la base del artículo 82 TFUE. Ese desarrollo normativo beneficiaría a todas las partes involucradas en procesos penales, incluidos sospechosos y acusados, legisladores, jueces, fiscales, organismos encargados de hacer cumplir la ley, abogados y público en general, con el fin de fortalecer el Estado de derecho.