A CORUÑA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
Lo ha hecho en la apertura del Año Judicial y en un acto que ha contado con la presencia, entre otras autoridades, del titular del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices.
Díaz-Castroverde ha señalado que el número de casos en trámite ha aumentado un 10% tras la finalización del estado de alarma, en comparación con las mismas fechas de 2019. En concreto, según ha indicado el presidente, a finales de junio quedaron pendientes de resolución 166.276 asuntos, frente a los 150.978 registrados al acabar el segundo trimestre del año pasado.
"No sabemos con certeza las consecuencias que la paralización de los plazos procesales y la actual situación socioeconómica supondrán a nivel judicial. Se prevé una avalancha de casos, lo que supondrá un gran desafío para todos nosotros", ha manifestado, entre otros, ante los miembros de la Sala de Gobierno, el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, y los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Antonio Ballestero Pascual y Juan Manuel Fernández.
LA JUSTICIA "EN JAQUE"
El presidente ha asegurado que la crisis sanitaria ha puesto "aún más en jaque" a la Administración de Justicia y ha agradecido "el enorme esfuerzo" de los jueces y juezas de Galicia, quienes resolvieron durante el segundo trimestre del año, en pleno estado de alarma, más de 43.000 asuntos.
Díaz-Castroverde ha augurado, por otra parte, que los planes de actuación y refuerzo que desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Sala de Gobierno del TSXG se están poniendo en marcha, aunque necesarios, serán insuficientes. Por ello, ha demandado reformas de "más calado", que permitan una respuesta rápida y con garantías a la ciudadanía y a las empresas".
Por otra parte, ha aludido a otras problemáticas como la ocupación ilegal de viviendas, en la que ha expuesto que las demandas descendieron un 21,5% durante los seis primeros meses del año, en los que se presentaron 51 casos de este tipo. En este sentido, ha apuntado que la alarma social generada en los últimos meses sobre la ocupación de viviendas en nuestra comunidad "parece no estar avalada por las cifras".
VIOLENCIA DE GÉNERO E INCENDIOS
La lucha contra la violencia de género ha sido otra de las cuestiones que ha centrado tanto su discurso como el del fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, quien ha expresado su preocupación ante las cifras, más de 10.000 nuevos casos incoados durante el pasado año.
También ha apelado al papel de la Fiscalía para "velar por la protección de medio ambiente" y ha recordado que el año pasado aumentaron un 38% los procedimientos incoados y se duplicaron las calificaciones y sentencias dictadas.
Los delitos relacionados con los incendios forestales se incrementaron un 18% y supusieron tres de cada diez infracciones penales contra el medio ambiente. Por ello, ha apelado a avanzar en la coordinación "desde un tratamiento integral".
Como el presidente del TSXG, también ha aludido a los "desafíos" que ha generado la pandemia. No obstante, ha trasladado su convicción de que la Administración de Justicia está "plenamente preparada para dar una respuesta diligente".
