MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
En concreto, en su auto, el juez Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, admite la querella "por un presunto de descubrimiento y revelación de secretos tipificado en los artículos 197 y siguientes del Código Penal, por un delito de descubrimiento de secretos por parte de funcionario público del Art. 198 en relación al 197.1,4 y 6 del Código Penal, un delito de coacciones tipificado en los artículos 172 y siguientes del Código Penal, un delito de discriminación de índole laboral del artículo 314 siguientes del Código Penal, así como un delito contra la libertad sindical del artículo 315 del Código Penal".
Asimismo, da por personado y parte en la condición de perjudicado a Dicá Corneliu en la representación de la sociedad rumana C-TECH SRL, así como a la Asociación Greenpeace-España y al experto medioambiental Carlos Bravo Villa.
Según indica CGT, los denunciantes, delegados del sindicato, sufrieron "medidas de acoso y derribo durante años" por parte de Iberdrola, desde cuya dirección se entendía que la acción sindical de ambos trabajadores perjudicaba los intereses de la empresa en la Central Nuclear de Cofrentes (Valencia).
