VALÈNCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
En una providencia fechada el 10 de julio --adelantada por Levante-EMV y a la que ha tenido acceso Europa Press-- el alto tribunal argumenta la inadmisión por "irrecurribilidad" de la sentencia al tratarse de aplicación de derecho autonómico "siendo los preceptos estatales infringidos meramente instrumentales".
Así, detalla que el rechazo se debe a no haber efectuado "fundamentación suficiente y singularizada" y subraya que la sala, en el auto del diciembre de 2019, dio contestación "explícita y suficientemente razonada" a la sentencia recurrida en casación.
La Abogacía de la Generalitat presentó recurso en casación ante el TS al considerar que el fallo del TSJCV chocaba con legislación estatal y directiva europea y, por ello, solicitaron al alto tribunal que dictara doctrina para asegurar un proceso con todas las garantías medioambientales, sociales y económicas.
La sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJCV anuló la resolución de 2016 que denegaba la propuesta de los promotores de Puerto Mediterráneo por entender insuficiente la memoria ambiental elaborada por la conselleria competente y emplazó a realizar una nueva que fije las condiciones para que la actuación propuesta por la mercantil Eurofund Investiment Puerto Ademuz sea sostenible.
La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, se ha referido a la decisión del Tribunal Supremo, que es "muy reciente y hay que estudiarla bien".
"CUMPLIR LA SENTENCIA"
"En cualquier caso lo que sí ha trascendido es que parece que necesita de otra evaluación ambiental y, por lo tanto, habrá que cumplir la sentencia y ejecutarla en los propios términos", ha aseverado Oltra en declaraciones a Europa Press.
Los promotores del proyecto para instalar el centro comercial en Paterna aseguraron en su día que contaba con una inversión de 860 millones de euros y generaría más de 5.000 puestos de trabajo en la fase de operación y más de 3.000 empleos en la fase de construcción.
