MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
Este plan se ha desarrollado en conformidad con la disposición adicional decimonovena del real decreto-ley de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
Dicha disposición señala que, una vez finalizado el estado de alarma declarado por la pandemia del coronavirus, el Gobierno aprobará "a la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo máximo de 15 días", un plan de actuación para agilizar la actividad judicial en los juzgados y tribunales del orden social y contencioso-administrativo, así como en los juzgados de lo mercantil.
Según informó el Ministerio de Justicia en un comunicado, el plan contempla un conjunto de medidas de "autorrefuerzo", "refuerzo externo" y "estructurales", como la creación de órganos judiciales, con el fin de hacer frente el previsible aumento de litigiosidad derivado de la ralentización de la actividad durante la crisis sanitaria del coronavirus.
DOS FASES
Aunque el plan de choque será aprobado mañana por el Gobierno, no comenzará a aplicarse hasta el próximo 1 de septiembre y se hará en dos fases. La primera durará hasta el 31 de diciembre de 2020 y los apoyos se concentrarán en los órdenes social y mercantil con una carga de trabajo superior al 130 por ciento del módulo establecido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La segunda fase comenzará el 1 de enero de 2021, cuando se contará con datos más completos del impacto de la crisis, "lo que permitirá definir la extensión de las medidas a aplicar y que afectarán a las tres jurisdicciones", indicó el departamento que dirige Juan Carlos Campo.
Altos cargos del Ministerio se reunieron el pasado 26 de junio con las comunidades autónomas, asociaciones de jueces y fiscales, representantes sindicales y letrados de la Administración de Justicia para explicarles estas medidas de refuerzo de los órganos judiciales.
TRES LÍNEAS DE TRABAJO
El Ministerio ha planteado tres líneas de trabajo para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria del coronavirus en el ámbito de la Administración de la Justicia.
En este sentido, el Gobierno aprobó el pasado 28 de abril el conocido como decreto anti-colapso de la Justicia, que contempla una serie de medidas procesales y organizativas urgentes, como la celebración de juicios telemáticos, habilitar parte del mes de agosto o dar preferencia a asuntos derivados de la pandemia como los de familia o los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
A ello se sumará la ley que el Ministerio tiene previsto sacar adelante para impulsar y mejorar la eficiencia de los procesos judiciales, con la que se pretende hacer énfasis en la transformación digital de la Justicia.
