MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
Campo se ha reunido con el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, y con el secretario general del Consejo General de la ONCE, Rafael de Lorenzo, en el marco de la ronda de contactos que ha iniciado con instituciones de la sociedad civil para presentar Justicia 2030.
Según ha informado el Ministerio de Justicia, Campo les ha explicado se trata de un proyecto que "trasciende de la legislatura porque trata de redefinir el actual modelo de sistema judicial", y en ese sentido, les ha pedido colaboración y aportación de ideas para seguir mejorando la vertiente social del plan.
Ambos han agradecido la invitación del ministro a participar activamente mediante las aportaciones de un colectivo "tan expuesto a la vulneración de sus derechos y necesitado de protección efectiva como el movimiento social de la discapacidad y sus familias", ha señalado el presidente de CERMI. Trabajarán para que el programa de modernización de la Justicia sea "más inclusivo, abierto y acogedor" con las necesidades del colectivo.
Por su parte, el dirigente del CERMI ha planteado que la agenda política de la discapacidad en materia de Justicia forme parte del Plan Justicia 2030, pues las personas con discapacidad son un grupo social más expuesto a las violaciones de derechos y con más dificultades para una protección eficaz de sus intereses por parte de la Administración de Justicia.
Como demandas inmediatas, el CERMI ha reclamado al Ministerio de Justicia la remisión a las Cortes Generales del proyecto de Ley de reforma del Código Civil y demás legislación afín para adaptar el ordenamiento privado a los mandatos de las Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en relación con la igual capacidad jurídica de este sector de población.
Además, el responsable de la plataforma de discapacidad ha pedido que se aborde la accesibilidad universal de todos los entornos, físicos, virtuales y procesales de la Justicia, así como que se inicien las reformas pertinentes para introducir en las normas de enjuiciamiento los ajustes de procedimiento que garanticen una igualdad efectiva de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia.
Por otro lado, se ha abordado la reforma civil y procesal en materia de discapacidad que se elevará al Consejo de Ministros del próximo 7 de julio sobre la que Campo ha destacado que supone "un cambio de paradigma porque prevalece la voluntad al interés de la persona con discapacidad" y les ha trasladado el compromiso e interés del Gobierno para que el texto se tramite con rapidez y bajo el mayor consenso político del arco parlamentario.
Esta reforma, cuya tramitación alcanza ya la segunda vuelta en Consejo de Ministros y cuenta con todos los informes preceptivos, deja atrás la incapacitación entendida como un estado civil e introduce cambios en la regulación de las instituciones de guarda y protección de las personas con discapacidad.
"Se ha legislado en torno a la idea de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica", ha defendido el ministro de Justicia, que ha añadido que se ha realizado "desde el respeto a las decisiones personales y la no discriminación por razón de discapacidad".
En este contexto, el representante de la ONCE se ha referido a este texto como "la mayor reforma del Código Civil de la Historia, mientras que, desde el CERMI, Pérez Bueno se ha mostrado convencido de que "la discapacidad será un elemento de cohesión política".
Finalmente, el presidente del CERMI ha asegurado haber encontrado en la exposición de sus demandas "alineación de intereses" con el ministro de Justicia y confía en que pronto se produzcan avances en cuanto a la regulación sustantiva respecto de las personas con discapacidad.
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