MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
La magistrada ha tomado esta decisión tras escuchar este miércoles a Franco, que acudió a declarar en calidad de investigado, y a un total de 18 testigos que comparecieron después, entre ellos el secretario general de la delegación del Gobierno, Fernando Talavera; siete funcionarios del organismo y 10 promotores de manifestaciones a los que llamaron para pedir que cancelaran sus concentraciones.
A ello se suma la batería de diligencias de investigación que ha ordenado desde el 23 de marzo, cuando acordó admitir a trámite la denuncia de un particular, como los informes al médico forense adscrito al juzgado y a la Guardia Civil.
La juez concluye en el auto que el investigado, entre el 5 y el 14 de marzo de 2020 "no tuvo conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones".
Asimismo, señala que Franco "no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario". Añade que tampoco "ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó del delegado del Gobierno en Madrid que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del covid-19".
Ante esta decisión cabe interponer recurso ante la propia juez o ante la Audiencia Provincial de Madrid.
