El Tribunal ordena dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse y formular las alegaciones que consideren oportunas.
Los grupos parlamentarios recurrentes consideran que la norma impugnada ha podido vulnerar los artículos 86.1 y 9.3 de la Constitución.