MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
En concreto, el nuevo decreto dictado este jueves regula la organización de los servicios de las Fiscalías en el nuevo escenario abierto tras la publicación el pasado martes del Real Decreto de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
En el mismo se establecen unos criterios generales que deberán ser aplicados por los fiscales jefes para su adaptación a las distintas situaciones territoriales que contemplan la presencia progresiva de fiscales en sus sedes, el trabajo y la asistencia por turnos, el teletrabajo o trabajo a distancia y el reparto equitativo en función de las nuevas circunstancias.
"El máximo potencial de la Fiscalía española consiste en la capacidad de llegar a todos los puntos del territorio del Estado. Por ello, es fundamental coordinar la aplicación del mandato de la Fiscal General para el mejor desarrollo del servicio público de la justicia", ha señalado en un comunicado.
