VALLADOLID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
Vega, a través del acuerdo adoptado, mantiene restringido el acceso a las dependencias judiciales para el público, salvo de aquellos que tengan una citación previa, tal y como informa el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Por tanto, el acceso a los edificios queda restringido a los funcionarios y personal laboral encuadrado en los servicios mínimos y en relación al resto de profesionales y operadores jurídicos sólo cuando tengan que realizarse actuaciones judiciales presenciales únicamente en aquellos procedimientos y asuntos catalogados como urgentes o como servicios esenciales por las resoluciones que al efecto han dictado tanto el Ministerio de Justicia como el Consejo General del Poder Judicial.
