LA ABOGACÍA ANTE EL COVID-19: COMPROMISO
Incluso en un Estado del bienestar avanzado y en una sociedad desarrollada como la española, no siempre es posible encontrar servicios públicos que funcionan de forma excelente, sin apenas quejas y a un coste realmente bajo; y, lo más relevante, sustentando decisivos derechos constitucionales. Es el caso del Turno de Oficio. La crisis del covid-19 está poniendo delante de los españoles una tarea colectiva enorme, retadora y compleja, que estamos afrontando ya desde hace casi un mes con un altísimo sacrificio personal. Padecemos una situación que no habíamos imaginado ni en la peor de nuestras pesadillas. Luchamos por no paralizar por completo el país. Al mismo tiempo, nos protegemos con el máximo celo y cautelas especialísimas nunca antes pensadas para preservar nuestra salud y nuestra vida. En este desafiante contexto, el Estado de Derecho debe seguir funcionando y los abogados desempeñamos un papel crucial, haciendo posible el sagrado ejercicio del derecho de defensa, que en modo alguno puede quedar suspendido o cercenado.
Desde el Colegio de Madrid trabajamos cada día incansablemente para mantener los servicios de guardia enteramente operativos, evitando así que se limiten o laminen derechos primarios, como la tutela judicial efectiva o la asistencia letrada a detenidos. Y lo venimos haciendo desde el minuto uno de ésta tan adversa contingencia, para no dejar desprotegidas, entre otras, a las víctimas de la violencia de género, que siguen sufriendo, en estos compases de confinamiento, las amenazas y las agresiones intolerables de sus victimarios; también las muertes por asesinato, como hemos vuelto dramáticamente, no sin impotencia, a comprobar.
Es encomiable, en este sentido, la tarea que están llevando a cabo quienes, desde el Turno de Oficio, no están parando para asegurar el derecho de cada ciudadano de acceso a la Justicia. Ellos, miles de compañeros y compañeras, nos están enseñando como pocos que es en momentos de crisis, frente a obstáculos desproporcionados, cuando se demuestra el verdadero compromiso de las personas con la sociedad. Su generosidad, ante un trance tan crítico, es motivo de orgullo: están acreditando ser un colectivo rotundamente imprescindible.
Como máximo representante de la Abogacía institucional en Madrid, no voy a escatimar ni un solo gramo de mi energía en la lucha diaria para que el Estado de Derecho, en la determinante porción que nos corresponde, mantenga su vigor y prevalezca. Ésta es la parte de la batalla -nada menor- que nos corresponde. La estamos librando con absoluta motivación y responsabilidad. Y no vamos a permitir que nadie, ningún letrado, quede abandonado a su suerte, porque el camino de la reconstrucción lo debemos andar y correr juntos.
Es por eso que la Junta de Gobierno del ICAM ha aprobado un paquete extraordinario de ayudas económicas para los abogados y abogadas más vulnerables, en una inyección financiera inédita en la historia de nuestra corporación. Vamos a facilitar despachos y salas de reuniones, vamos a evitar a los compañeros y compañeras en situación de verdadera necesidad gastos corrientes de mantenimiento que hasta ahora asumían de su propio bolsillo. Y lo vamos a hacer por la única vía posible, la de los hechos: poniendo a su disposición equipos competitivos, programas avanzados de gestión, modernas bases de datos, espacios de trabajo confortables
No les vamos a fallar a unos profesionales altamente cualificados, que no buscan medallas ni protagonismos sino que ejercen por verdadera vocación para dar garantías a la salvaguarda del derecho de defensa por los más desfavorecidos y llevan a cabo una labor admirable y sin reloj, imprescindible: a veces en las cárceles o las comisarías, otras en los juzgados o los centros de internamiento de extranjeros y en sus propios despachos, que ya están quedando severamente dañados en su funcionamiento ordinario por los estragos del virus.
La Abogacía, más si cabe en la Comunidad Autónoma hoy más castigada, Madrid, está coordinándose plenamente, en tiempo real, con los principales actores jurídicos y las instituciones más relevantes del Estado para comenzar, desde este preciso instante, a ir abriendo con toda la energía y el poder posible un sendero de esperanza que nos permita dejar atrás a la mayor brevedad un episodio tan traumático como inesperado y desgraciado en nuestra historia como nación.
No podemos resignarnos ni bajar un segundo los brazos. La presión es para todos muy alta pero las cartas en absoluto están marcadas. Somos un colectivo que puede, sabe y quiere sumar. Y la sociedad nos va a encontrar cada momento para, desde nuestra entrega, nuestro deber y nuestra pericia profesional, participar muy activamente en una primordial tarea de socorro. En ella exactamente estamos. Nos va el futuro.
