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Emergencia y Estado de Derecho; por Juan Carlos Campo, ministro de Justicia

07/04/2020
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El día 7 de abril de 2020 se ha publicado, en el diario El Mundo, un artículo de Juan Carlos Campo en el cual el autor considera que la declaración del estado de alarma constituye un refuerzo que pretende preservar los valores inmanentes y esenciales al modelo de Estado y de sociedad que la Constitución establece, imponiendo límites y conservando las garantías que protegen los derechos fundamentales de toda la ciudadanía en situaciones excepcionales.

EMERGENCIA Y ESTADO DE DERECHO

La humanidad ha sufrido desde sus orígenes pandemias. A lo largo de la Historia, pocas veces hemos sido conscientes de las causas que las producían o hemos tenido acceso a los medios para neutralizarlas o dominarlas. En la actualidad, el nivel de desarrollo social, científico y tecnológico nos lleva a pensar que estamos en condiciones de limitar la expansión de un virus entre la población mundial. A diferencia del pasado, somos más conscientes que nunca de nuestras capacidades y de nuestras debilidades frente a la pandemia del Covid-19.

Hoy se nos exige valor y determinación. Estoy seguro de que prevaleceremos y aprenderemos de ello. No me cabe duda de que saldremos de la crisis sanitaria mejor preparados para afrontar situaciones como esta en un futuro. La ingente pérdida de vidas humanas es el coste más terrible y más traumático para todos nosotros. Sin duda, reponernos en estas circunstancias en que, incluso, parte del luto nos ha quedado vedado, no será fácil. Estamos conmocionados como sociedad y como individuos. Ese miedo, esa “reacción inmunitaria social”, como la denomina ByungChul Han, la superaremos con el tiempo, aunque no sin cicatrices.

El desafío es salir adelante como sociedad, todos juntos. Y pensar en el día después. Porque también deberemos superar las durísimas consecuencias económicas y sociales derivadas de las medidas exigidas para combatir el virus. Sin embargo, a diferencia del frente sanitario, donde nos guía el saber científico, la salida del parón económico dependerá en gran parte de la capacidad que tengamos para permanecer unidos y responder solidariamente. Debemos comprender que estamos ante una crisis global y que para su superación se requiere de la implicación de todos los países y actores sociales.

En todo el mundo son los Estados, las organizaciones nacionales, los que están actuando. Hoy por hoy, solo los Estados cuentan con la capacidad de aplicar las restricciones a la movilidad necesarias y de activar los recursos económicos suficientes para paliar sus consecuencias. Pero no podemos olvidar que el virus no entiende de fronteras y la cooperación para vencerlo tampoco debería. Suele decirse que situaciones críticas sacan lo mejor y lo peor de las personas. También de las sociedades. La inevitable transformación del mundo tal y como lo conocemos, que está propiciando el Covid-19, abre ante nosotros diferentes caminos. Uno es el del egoísmo, la exclusión y el autoritarismo. Otro, el de la solidaridad y la colaboración.

Frente a concepciones identitarias, discriminatorias y excluyentes, que pretenden hacer creer a la gente que su bienestar está reñido con el del resto, emergen propuestas de gobernanza global, dirigidas al establecimiento de un constitucionalismo planetario, “que instituya una esfera pública internacional a la altura de los desafíos globales”, como el mantenido por el jurista y filósofo Luigi Ferrajoli. Tanto las relaciones internacionales resultantes, como la reversión de las medidas extraordinarias adoptadas para frenar el virus -cierre de fronteras, obstáculos a la exportación o el uso masivo de datos personales por parte de los Estados-, dependerán del camino que escojan seguir aquellos Estados hoy afectados, es decir, casi todos ellos. Tras la enfermedad se impone un debate decisivo sobre el futuro de la humanidad, que deberemos afrontar con la mayor serenidad posible.

Ante un reto tan complejo, nuestra democracia debe responder con más democracia. Además de contar con excelentes profesionales y servidores públicos, en todos los sectores y en todas las materias, que están dando lo mejor de sí para asistir al conjunto de la sociedad española, disponemos también de una sólida estructura jurídico-política, que nos permitirá afrontar y superar esta crisis, sin renunciar por el camino a nuestros derechos ni ver truncada nuestra forma de vida en común.

El comportamiento impecablemente cívico de la inmensa mayoría de las personas es el reflejo de esa madurez y solvencia democrática. A la altura de esta respuesta ciudadana, ejemplar y solidaria, debemos estar quienes, en estos momentos difíciles, tenemos la obligación de acompañar a la población, salvaguardando la salud pública, sin descuidar la garantía de esos derechos que caracterizan nuestro orden social.

Si alguien debe sentirse interpelado por la valía que está demostrando la sociedad española, somos aquellos que la representamos en las instituciones públicas, aquellos sobre los que se ha depositado la confianza y la responsabilidad de hacer funcionar el Estado. No es momento para revanchismos, electoralismos o pugnas partidistas. La ciudadanía nunca nos perdonaría anteponer en estos momentos el interés propio al de todos. Por eso, los que nos dedicamos a la política debemos estar a la altura, demostrando cohesión en torno a los principios comunes, que son los del Estado de Derecho. Como decía John Rawls, los buenos legisladores “no votan por sus intereses”.

Un verdadero Estado de Derecho no solo ha de regular el funcionamiento de las instituciones en situaciones de normalidad, sino que también ha de prever, en la medida de lo posible, las situaciones de crisis o anormalidad, denominadas en el constitucionalismo occidental estados de emergencia. Ese momento es ahora. Los ciudadanos necesitan que gestionemos la respuesta a esta crisis de la mejor manera. Y debemos hacerlo con los instrumentos que la democracia nos otorga.

Sin duda, los estados de emergencia suponen una alteración temporal del sistema institucional establecido, que implica consecuencias importantes en relación con la protección y tutela de los derechos fundamentales. Pero siempre con la finalidad, precisamente, de preservar ese sistema institucional y el disfrute, por parte de los ciudadanos, del núcleo esencial de tales derechos, aun en las situaciones más difíciles.

Dicha alteración puede implicar modificaciones en el normal ejercicio y distribución de competencias entre los poderes públicos, así como la limitación e incluso suspensión temporal de ciertos derechos fundamentales en pos de su salvaguarda futura. Es por eso que nuestro ordenamiento jurídico constitucional solo contempla la posibilidad de declarar estos regímenes excepcionales con la finalidad de seguir preservando la esencia del Estado constitucional de Derecho.

El profesor Pedro Cruz Villalón afirmó que “en el diseño constitucional español, el Estado de Derecho es sustancialmente resistente a la excepción, pues las modificaciones operadas en el mismo, a pesar de ser puntualmente muy importantes, son precisamente eso, puntuales, quedando el Estado de Derecho sustancialmente preservado a lo largo de la emergencia”. La Constitución nos ha permitido tomar medidas excepcionales para una situación excepcional y crítica, preservando intactos los pilares de nuestro modelo social, que no son otros que los de la democracia, la solidaridad y la justicia social.

En definitiva, la ciudadanía puede tener claro que la legislación de excepcionalidad española -alarma, excepción y sitio- no supone una excepción al Estado de Derecho, ni una ruptura con el orden constitucional, sino todo lo contrario. Puede sonar paradójico, pero su declaración constituye un refuerzo que pretende preservar los valores inmanentes y esenciales al modelo de Estado y de sociedad que la Constitución establece, imponiendo límites y conservando las garantías que protegen los derechos fundamentales de toda la ciudadanía en situaciones excepcionales.

Estamos viviendo tiempos difíciles y todo indica que la recuperación tampoco será fácil. Sin embargo, contamos con sólidos recursos jurídicos, políticos y sociales para afrontar las adversidades presentes y futuras. Venceremos a la enfermedad y todos nuestros esfuerzos estarán dirigidos a regenerar nuestro tejido social, productivo y laboral.

Nuestra principal garantía de éxito es la unidad y la cohesión en torno al Estado democrático de Derecho; la unidad de todos los ciudadanos ante los riesgos compartidos hoy y, más aún, ante el futuro común que nos espera.

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