RESOLUCIÓN DE 25/03/2020, DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL, POR LA QUE SE ACUERDA LA CONTINUACIÓN DE DIVERSOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INDISPENSABLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DISCAPACIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19.
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo 
, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, en su disposición adicional tercera, dispone que se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el citado real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo , las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
En la medida que la tramitación de las convocatorias de subvenciones de la Dirección General de Discapacidad de la Consejería de Bienestar Social se han suspendido y ello causa graves perjuicios a las entidades beneficiarias, puesto que afecta a la necesaria sostenibilidad de la red pública de centros y servicios destinados a las personas con discapacidad, especialmente los de carácter residencial, ya que más del 85 % de los mismos están gestionados por estas entidades y dan cobertura a las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad y sus familias; están sirviendo de complemento imprescindible para dar respuesta a la situación actual de emergencia sanitaria y social, y las entidades subvencionadas asumen la gestión del 100 % de los recursos de apoyo a la acción tutelar de las personas con modificación de la capacidad de obrar en la comunidad autónoma, procede la continuación de los procedimientos administrativos que se relacionan en el apartado primero.
En su virtud y en el ejercicio de la competencia atribuida por la disposición adicional tercera.4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo , y por el artículo 2 del Decreto 86/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Bienestar Social, la Consejera de Bienestar Social, Resuelve:
Primero. Continuación de los procedimientos administrativos.
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional tercera.4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo , por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se acuerda la continuación de los siguientes procedimientos administrativos:
a) Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Discapacidad, por la que se convocan para el año 2020 las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social para el mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas destinados a la atención de las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha (DOCM núm. 253, de 26 de diciembre de 2019).
b) Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Discapacidad, por la que se convocan para el año 2020 las subvenciones a entidades locales en el ámbito de la atención a las personas con discapacidad intelectual en Castilla-La Mancha (DOCM núm. 253, de 26 de diciembre de 2019).
c) Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Discapacidad, por la que se convocan para el año 2020 las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social, para el desarrollo de programas destinados a la atención tutelar de las personas con capacidad de obrar modificada judicialmente en Castilla-La Mancha (DOCM núm.
1, de 2 de enero de 2020) Segundo. Efectos.
La presente resolución producirá efectos el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
