MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
De esta cantidad, seis millones de euros corresponden al turno de oficio de abogados, 4,9 millones a la asistencia jurídica gratuita de los procuradores y el millón restante, al turno de oficio de estos últimos, según ha informado el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno.
En total, los presupuestos prorrogados de la Comunidad de Madrid para 2020 contemplan una partida de casi 50 millones de euros destinada a asistencia jurídica gratuita de abogados y procuradores. Así, de la partida de este año, 43,88 millones va para los abogados y 5,95 millones para los procuradores (42,83 millones a justicia gratuita y 7 millones a turno de oficio).
En 2019, a través de estas subvenciones se financiaron los pagos relativos 175.000 actuaciones de abogados y casi 112.00 de procuradores, correspondientes a los gastos de tramitación de expedientes de solicitud de asistencia jurídica al detenido, junto a los costes que estos servicios generan para los colegios profesionales, además de la asistencia letrada al detenido realizada por los abogados.
De esta forma, se garantiza la asistencia jurídica a todas aquellas personas que carecen de los recursos económicos suficientes. Este es uno de los pilares del Plan Justicia 21x21 que impulsa la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, junto a las mejoras en materia de personal y la modernización y humanización de las infraestructuras judiciales. Cuenta con un presupuesto anual de 500 millones de euros.
AGILIZAR LOS PAGOS
Los pagos para la asistencia jurídica gratuita se realizan a través del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad, que engloba a los Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares, y del Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, en el que está integrado el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid.
El Ejecutivo autonómico ha dado un impulso a la hora de proceder a los pagos en tiempo. En octubre de 2018 se modificó el Decreto de asistencia jurídica gratuita para abonar a los abogados y procuradores a mes vencido.
En la actualidad, abogados y procuradores remiten a la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas las certificaciones de gasto relacionadas con la asistencia jurídica gratuita. Previamente a esta certificación formal, se envía a la Consejería para su revisión una precertificación en la que se detectan posibles errores.
Tras la comprobación de la certificación presentada, se elaboran y tramitan los correspondientes documentos contables para que, en última instancia, la Tesorería General de la Comunidad de Madrid pueda proceder a los abonos respectivos. El plazo medio de pago actualmente es de 20 días naturales.
