MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Campo ha convocado por primera vez a los representantes de las cuatro asociaciones de jueces --Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)-- y de las tres de fiscales --Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)-- para presentarles sus principales líneas de actuación de este Ministerio y retomar el diálogo con estos colectivos con el arranque de la decimocuarta legislatura.
Durante el encuentro, el ministro ha pedido a las asociaciones "cooperación y voluntad de acuerdo" para llevar a cabo el Plan Justicia 2030, que marcará la actuación del Ministerio de Justicia en esta legislatura para la transformación del servicio público.
El ministro tiene previsto que este plan, cuyo fin es colocar la Administración de Justicia a un nivel de desarrollo equiparable al de otros servicios públicos avanzados, llegue al Consejo de Ministros en un plazo de tres meses para su inmediata puesta en marcha.
Previamente, Justicia remitirá a las asociaciones profesionales un cuestionario en el que deberán recoger aquellas líneas estratégicas concretas que, según su criterio, deberían contemplarse en el plan. Además, se celebrarán reuniones de trabajo para definir las actuaciones y trazar la hoja de ruta del mismo.
Así, Campo ha pedido a las asociaciones un "esfuerzo conjunto" para llevar a buen puerto este plan, que tiene como objetivos consolidar los derechos y garantías de los ciudadanos, promover una mayor eficiencia del servicio público y garantizar el acceso a la Justicia en todo el territorio, y les ha ofrecido toda la colaboración del Ministerio para sacar adelante este programa.
Por su parte, los portavoces de los jueces y fiscales han vuelto a insistir en el paquete de una decena de medidas que consideran imprescindibles para mejorar la Justicia, como la posibilidad de que sean los jueces los que elijan democráticamente al menos a los vocales del órgano de gobierno de los jueces que sean de extracción judicial, según han informado fuentes de las asociaciones.
Sobre este punto concreto, las asociaciones han recordado que el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha recomendado en diversas ocasiones el cambio de modelo para garantizar la independencia judicial.
También se ha expuesto la fijación de criterios objetivos basados en el mérito, capacidad e igualdad de género en nombramientos de cargos judiciales; la necesidad de un plan de inversiones; modernizar la planta judicial o recuperar las retribuciones perdidas por los recortes durante la crisis, entre otros puntos.
Además, se han planteado mejoras para la carrera judicial, como la retribución del servicio de guardia, o el complemento para los jueces de Violencia sobre la Mujer, que cobran todos los funcionarios del juzgado menos el propio titular.
