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Por la dignidad del Poder Judicial; por Javier Gómez de Liaño, abogado

11/02/2020
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El día 11 de febrero de 2020 se ha publicado, en el diario El Mundo, un artículo de Javier Gómez de Liaño en el cual el autor consideras que es en la legalidad donde el Estado encuentra su justificación.

POR LA DIGNIDAD DEL PODER JUDICIAL

Un amigo mío, de profesión juez, sueña con arreglar el mundo de la Justicia. Su sueño, aunque no lo diga, coincide con sus aspiraciones y, lo que es más admirable aún, con su empeño por lograrlo. Mi amigo, por fuera, es de aspecto normal y aire apacible; se conoce que la procesión va por dentro. Su mujer, que es más realista que él y también más agraciada físicamente, cree que el problema viene de lejos, concretamente desde que ingresó en la carrera judicial y ahora está arrepentido de haberlo hecho, pero no es verdad, pues mi amigo está convencido de que su oficio es el más bello del mundo. Lo que le pasa a mi amigo, a quien siempre consideré un buen juez, es que después de haber vestido la toga durante diez trienios, piensa que, visto el panorama, a la Justicia de hoy no la conoce ni la madre que la parió.

-Pero, ¿qué dice?

-Pues lo que oye.

Mi amigo, el buen juez, que a lo largo de su vida judicial ha sufrido un montón de decepciones, me dice que no basta con quejarse y que si se quiere mejorar la situación de su amada Justicia hay que arrimar el hombro y contar lo que pasa. De manera que se ha puesto manos a la obra y ha elaborado una especie de manifiesto o proclama. Lo ha escrito guiado por el afán de defender a la justicia, aunque sin renunciar a llamar al pan, pan, y al vino, vino. También a sabiendas de que la faena es una suerte literaria que requiere precisión y concisión, cualidades ambas que mi amigo, el buen juez, no está seguro de reunir. Éste es el texto que ha redactado.

MANIFIESTO que, gustosamente, se somete a la consideración de jueces, fiscales, abogados, profesores de universidad, juristas de toda condición y ciudadanos del común que claman por un poder judicial independiente de verdad y suplican a los políticos que pongan fin a sus habituales lucubraciones y dislates.

A tal fin, sirvan de punto de partida las siguientes premisas.

Primera. Todo Estado, por el solo hecho de serlo, no debería dejar de ser, aunque quisiera, un Estado de derecho. Es en la legalidad donde el Estado encuentra su justificación.

Segunda. Sólo la ley garantiza la seguridad de los ciudadanos y éstos, en reciprocidad, deben obedecerla. Recuérdese que, según el artículo 9.1. de nuestra Constitución (CE), “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a ella y al resto del ordenamiento jurídico”.

Tercera. La Justicia se constituye, por derecho propio, en un pilar básico del Estado. Aquella nación que no tenga auténtica separación de poderes carece de Constitución.

Cuarta. Son los ciudadanos quienes tienen derecho a una justicia independiente y eficaz. No se olvide que el artículo 117.1. CE proclama que “la Justicia emana del pueblo ()” y que la independencia judicial se garantiza por la inamovilidad.

Quinta. Tan necesaria como la del Poder Judicial es la independencia del Ministerio Fiscal. El enunciado constitucional es categórico. Al ejercer sus funciones por medio de órganos propios y sujeto “en todo caso” a los principios de legalidad e imparcialidad, el fiscal está sometido sólo al mandato de la ley.

Pues bien, en atención a estas reglas, los abajofirmantes alzamos nuestra voz y proponemos las siguientes líneas de defensa.

I. DEFENDEMOS que el Poder Judicial es un poder del Estado, no un poder de los partidos, gobiernen o no gobiernen. Si lo que se desea es una justicia auténticamente independiente, hay que alejarla de las siglas. Cuando en la función de los jueces se buscan rentabilidades políticas, sobra la justicia y basta la intriga.

II. DEFENDEMOS que la justicia jamás puede ser entendida en clave ideológica. Ninguna justicia entreverada con la política puede ser sana. Querer hacer política con la justicia no es menester de jueces, ni de políticos, sino de traficantes de la justicia que alteran su pureza. El juez intelectualmente honesto, estudioso y reflexivo sólo tiene un lema: el imperio de la ley.

III. DEFENDEMOS que la judicatura tiene sus propios límites y no ha de asumir funciones que corresponden al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo. Distinto es que, en ocasiones, los tribunales se vean obligados a sustituir el vacío que aquellos dejan y, por consiguiente, expandan su función, lo que no significa que estén por encima de la ley.

IV. DEFENDEMOS que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como órgano constitucional que es (artículo 122 CE), no puede ser objeto de injerencias por parte de los partidos políticos. El reparto de diez vocales para mí, siete para ti y tres para aquéllos, no es la mejor forma de sacar al CGPJ del atolladero del desprestigio en el que vive por el empeño de algunos de que sus miembros sean los fulanos, menganos o zutanos de turno, en la seguridad de que responderán a la confianza depositada en ellos.

V. DEFENDEMOS el modelo del juez preocupado únicamente por su independencia y repudiamos que los altos cargos judiciales sean nombrados con la misma discrecionalidad con que se nombra a un director general. Nada más triste y deprimente que una carrera judicial en la que con frecuencia la forma de ascender en el escalafón, aparte de la antigüedad, sea la vía asociativa o, por el camino más rápido, las buenas relaciones con los mandamases de los partidos.

VI. DEFENDEMOS el sistema de oposiciones a la carrera judicial como el mejor de los posibles. No se trata de afirmar a ultranza que la memoria sea el instrumento más idóneo para hacer un juez sabio y justo, pero sí que, puestos a elegir, es preferible el aspirante que se sabe de carrerilla el Código Civil o la Ley de Enjuiciamiento Criminal a aquél que se pasa el día recitando los nombres de políticos que pudieran hacerle un hueco en el escalafón. Frente a lo anunciado por el nuevo Gobierno, la lógica y la experiencia demuestran que la oposición es el procedimiento que mejor garantiza la ecuanimidad, pues con él todos los aspirantes tienen las mismas oportunidades.

VII. DEFENDEMOS la figura del auténtico jurista de prestigio, pero más al conocido por todos que al reconocido por los suyos. Hay que acabar con el descaro de incluir en el inventario a falsos genios repletos de trabajos políticos, lo que no quita que las altas jerarquías de la magistratura se cubran con juristas con méritos eminentes contraídos en el foro o en la cátedra, cosa que a menudo sucede.

VIII. DEFENDEMOS sin reservas a nuestro Tribunal Supremo (TS), órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Somos conscientes de que a veces puede presentar goteras, pero negar legitimidad al TS como algunos irresponsables del gobierno de Cataluña han hecho a propósito de la sentencia del juicio del procés, es un aliciente propio de políticos de tres al cuarto, pero nunca la forma adecuada para la construcción de algo tan importante como el Estado de derecho y de Justicia.

IX. DEFENDEMOS el modelo de fiscal independiente que es el querido realmente por nuestra Constitución. El artículo 124 dice que el Ministerio Fiscal interviene de “oficio o a petición de los interesados”, pero no que haya de hacerlo siguiendo instrucciones, y, menos aún, órdenes del Gobierno. Un fiscal no puede ser de nadie. Ni partidista ni sectario.

X. DEFENDEMOS a un fiscal general del Estado sobre el que no gravite la sospecha de ser correa de transmisión del Gobierno. Ni en la persecución de sus adversarios políticos ni en la búsqueda de impunidad para sus amigos. La fiscal general del Estado propuesta por este Gobierno, debido a su insobornable pasión de fidelidad a las siglas del PSOE, no es el mejor de los arquetipos. Nadie carece de ideología política, pero doña Dolores Delgado la reparte con mano generosa. En el mundo del Derecho se habla de apariencias y la señora Delgado se ha ganado a pulso los temores de parcialidad.

XI. Puestos a defender, DEFENDEMOS también que los funcionarios judiciales sean debidamente retribuidos. Es muy hermoso trabajar por vocación y con sacrificio, pero el juez o el fiscal -lo mismo cabe decir del resto del personal- que, cada primero de mes, ve que su famélica nómina no le alcanza, tarde o temprano, se sentirá desmoralizado y hastiado de lo que hace. Con tacañerías presupuestarias, incluidas las del sueldo, y mientras los gobernantes sigan pensando que los tribunales son bienes mostrencos, jamás lograremos una administración de justicia digna de tal nombre.

Aquí termina esta declaración de principios que quizá no sea más que un catálogo de reflexiones bienintencionadas. Quienes lo suscriben no se avergüenzan de hacer pública su fe en el Poder Judicial. Saben que, aunque la paciencia es amarga, su fruto es dulce. De ahí que cuando se sienten invadidos por la desilusión y tienen la tentación de huir de tanto sinsabor, prefieran el optimismo al nihilismo. Ojalá que en un futuro no lejano, sorteados los contratiempos, la recolección de la Justicia española se presente con unos resultados que podamos saborear.

-Perdone usted, pero esto me parece habérselo oído en anterior ocasión.

-Es probable. No obstante, recuerde lo que André Gide escribió. “Todo está ya dicho pero como nadie atiende ni hace caso, hay que repetirlo cada mañana”. También, y esto es de mi cosecha, que si los sueños se reproducen con entusiasmo renovado, quizá algún día se conviertan en realidad.

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