MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -
Lo novedoso del asunto técnico a tratar, unido a las consecuencias políticas del informe, cuyo contenido se vincula a un acuerdo de investidura entre el PSOE y ERC, podría obligar a los Servicios Jurídicos del Estado a apurar los plazos de presentación del escrito, que concluyen el 2 de enero.
En el mismo sentido se ha pronunciado públicamente este jueves la ministra de Defensa, Margarita Robles, magistrada de profesión, que en un entrevista en la Cadena Ser ha querido echar "un capote" a la Abogacía del Estado para defender que se trata de un proceso judicial "complicado" que requiere "prudencia" y "respeto".
Los Servicios Jurídicos del Estado son la única parte que todavía no ha presentado el escrito de alegaciones requerido por la sala del Tribunal Supremo que juzgó el 'procés', que es el que debe dictar una resolución que dé respuesta a las posiciones del tribunal de Luxemburgo.
La Fiscalía se pronunció el mismo día en el que se conoció la resolución del TSJUE en el sentido de señalar que la inmunidad ya no cabe aplicarla en el caso de Junqueras porque ya no es un preso preventivo, sino un condenado en firme a 13 años de cárcel.
Pide además la Fiscalía que el Supremo ejecute ya la inhabilitación de Junqueras como europarlamentario, y en ambos aspectos se ha pronunciado la acusación popular, ejercida por Vox.
La defensa de Junqueras, sin embargo, remitió su escrito a la Sala el pasado martes exigiendo a la Sala *la "inmediata liberación" de su cliente para que pueda acudir al Parlamento Europeo a obtener su acta de diputado, todo ello como consecuencia de haber sido reconocida su inmunidad por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Pide también Junqueras que se declare en suspenso la tramitación de la causa en el Tribunal Supremo desde el pasado 13 de junio --fecha en la que se proclamó oficialmente a Junqueras como candidato electo a la Eurocámara-- y, en consecuencia, decrete la nulidad de la sentencia del 'procés'.
