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El valor de los Derechos Humanos; por M.ª Eugènia Gay, Decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona

10/12/2019
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El día 10 de diciembre de 2019 se ha publicado, en el diario ABC, un artículo de M.ª Eugènia Gay, en el cual la autora opina que la Abogacía, como garante histórico de los derechos humanos, especialmente del derecho de defensa, está llamada a abanderar la lucha para que la revolución digital sirva a las personas y respete su dignidad y libertad, procurando consolidarse en una profesión comprometida, de referencia y guía para la sociedad.

EL VALOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

El 10 de diciembre de 1948 la ferviente defensora de los derechos humanos Eleanor Roosevelt pronunció ante la Asamblea General de la ONU unas palabras que supusieron el preámbulo de un hecho que pasaría indudablemente a convertirse en histórico: “Nos encontramos en el umbral de un acontecimiento tanto en las Naciones Unidas como en la vida de la humanidad, esta declaración bien puede convertirse en la Carta Magna Internacional para todos los hombres (y mujeres) en todo lugar”. Ese día, los Estados allí reunidos aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el documento más trascendental desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, que a día de hoy ha sido ratificado ya por 193 países como afirmación del compromiso de la comunidad internacional en torno a un ideal común de todos los pueblos y naciones.

En un momento en el que nuestra sociedad es cada vez más global, tecnológica y compleja, necesitamos imbuirnos del espíritu de esa Carta que fue forjado sobre los valores de la dignidad, la igualdad y la justicia, pues como nos advierte Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial: “Nunca ha habido un momento de mayor promesa, o mayor peligro”. La tecnología traerá enormes progresos en campos tan novedosos como la inteligencia artificial, las legaltech o la robótica, entre otros; su desarrollo nos brindará un sinfín de posibilidades en términos económicos, sociales e industriales, con una relevancia inédita en la forma en la que nos interrelacionaremos a través de la automatización y el intercambio de datos. Pero no olvidemos que este avance conlleva también algunos riesgos sobre los que tomar conciencia y ser capaces de prever a nivel colectivo mecanismos de garantía necesarios que permitan evitar que su mal uso provoque la vulneración de derechos y libertades fundamentales. Ante todo, es necesario preservar la intimidad de las personas, evitar el crecimiento de la desigualdad y luchar contra las nuevas formas de delincuencia que, aprovechando los nuevos entornos digitales, atentan contra los más vulnerables: mujeres y niños.

A través de la inteligencia artificial, los gobiernos y las empresas disponen de multitud de datos privados mediante los que pueden influenciar en nuestra libertad de elección e incluso de pensamiento, poniéndose en peligro los más elementales derechos protegidos en la Declaración; como señaló recientemente Michelle Bachelet: “Data es poder, big data es un gran poder”. Por ello se hace necesario exigir a los gigantes tecnológicos que lideren sus prácticas comerciales partiendo de la ética, de manera que permitan a la ciudadanía asumir el control sobre su privacidad y el uso de sus datos personales, que se facilite el acceso a la tecnología a las regiones más desfavorecidas y, en definitiva, que se afronte la revolución digital desde una perspectiva focalizada en los derechos humanos.

Tenemos la responsabilidad de profundizar en las posibilidades que nos ofrece la tecnología para resolver los problemas a los que se enfrenta la humanidad del siglo XXI. Ello exige del trabajo conjunto y coordinado de todos los Estados ya que se trata de cuestiones que van más allá de las fronteras de cualquier país, cuyos Gobiernos deben ofrecer políticas públicas que han de proteger de manera integral las libertades desde un punto de vista social, cultural y económico. Tales compromisos se han concretado en el que podríamos calificar como el nuevo proyecto heredero de la Declaración de los Derechos Humanos: la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, dirigida a la consecución de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos han sido fruto de la responsabilidad colectiva que se debe asumir para poner fin a problemas de alcance global que atentan contra la dignidad de las personas tales como la trata de seres humanos, la emergencia climática, el crimen organizado, la corrupción o la violencia contra las mujeres y la infancia. Conviene recordar que la alta comisionada en España para la Agenda 2030, Cristina Gallach, ha incidido en numerosas ocasiones sobre la importancia que tiene la colaboración entre las instituciones a nivel regional, nacional e internacional, así como la necesaria implicación de la sociedad civil en el desarrollo de esta hoja de ruta que se ha de llevar a cabo “poniendo a las personas en el centro, con el objetivo de no dejar a nadie atrás”.

La Abogacía, como garante histórico de los derechos humanos, especialmente del derecho de defensa, está llamada a abanderar la lucha para que la revolución digital sirva a las personas y respete su dignidad y libertad, procurando consolidarse en una profesión comprometida, de referencia y guía para la sociedad. Para ello es necesario recordar de forma valiente y decidida los principios que inspiraron la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, aun a pesar de haber transcurrido más de 70 años desde su aprobación, siguen hoy vigentes con más fuerza que nunca: cada persona es igual y tiene derecho a vivir su propia vida, libre de discriminación y ataques; cada persona tiene el derecho a la participación política, a la salud, a un juicio justo y a la presunción de inocencia; solo si somos capaces de colocar la vida y la dignidad del ser humano en el centro de todo desarrollo tecnológico, como bien superior a proteger, construiremos un ordenamiento jurídico fuerte, justo y solidario que hará progresar a la humanidad.

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