MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
En cuanto al primero de ellos, la reforma del Reglamento 1393/2007 relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, Dolz ha trasladado al Consejo la necesidad de asegurar una transmisión "directa" y "rápida" de documentos bajo unas condiciones que resulten válidas para todos los Estados miembros.
Respecto al segundo, el Reglamento 1206/2001 sobre cooperación entre órganos jurisdiccionales para la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, el secretario de Estado ha indicado que la incorporación de elementos como la videollamada y otros medios electrónicos en la obtención de pruebas supone una modernización necesaria y útil para la Administración de Justicia y permitirá a las partes en los procedimientos judiciales beneficiarse de los efectos positivos de la tecnología.
Entre otros asuntos, el Consejo ha abordado también los derechos de las víctimas, a partir de un documento de conclusiones que alienta a la Comisión a diseñar una estrategia integral y sistemática para el periodo 2020-2024, mediante buenas prácticas entre los Estados miembros y el fortalecimiento de las redes europeas existentes.
En esta línea, Dolz ha destacado los esfuerzos realizados por el Gobierno de España para mejorar la protección a las víctimas e incluirlas como parte integrante del ordenamiento penal y se ha ofrecido a compartir la experiencia de España entre los países de la Unión Europea para alcanzar una protección integral.
Por otro lado, se ha presentado un documento de conclusiones sobre medidas alternativas a la detención, que aborda sus beneficios en términos de reinserción y rehabilitación social. En este sentido, España comparte este criterio y ha abogado por fomentar el intercambio de experiencias en esta materia entre los países de la UE.
Además, se ha dado cuenta de los avances realizados para el establecimiento de la Fiscalía Europa, cuya puesta en marcha se estima en otoño de 2020. Igualmente, se ha abordado un documento de conclusiones sobre el futuro de la cooperación judicial en materia civil.
A este respecto, España comparte el criterio de priorizar la implementación, evaluación y funcionamiento efectivo de los instrumentos de la UE existentes, sin perjuicio de que se puedan emprender nuevas iniciativas con valor añadido para la ciudadanía y las empresas.
Finalmente, se ha presentado el informe final de la octava ronda de evaluaciones mutuas dedicada a las políticas de prevención y lucha contra los delitos contra el medioambiente, cuestión en la que España ha obtenido un informe positivo.
