BRUSELAS, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
Bruselas abrió expediente a España el pasado mes de junio por la ley de Régimen Jurídico del Sector Público, aprobada en 2015 y en vigor desde octubre de 2016, al considerar que hace "menos atractivas" y "más complicadas" las reclamaciones por la violación del Derecho comunitario que por casos que afectan a la legislación española.
Esta normativa fue aprobada después de que el TUE dictaminara en febrero de 2014 que el impuesto sobre los carburantes que aplicaban algunas comunidades autónomas y cuyos ingresos se destinaban a financiar la sanidad (el llamado 'céntimo sanitario') vulneraba la legislación comunitaria.
El Ejecutivo comunitario cree que las disposiciones nacionales infringen los principios de efectividad y equivalencia, que limitan la autonomía de los Estados miembros al establecer las condiciones de responsabilidad en caso de infracción del acervo comunitario.
En primer lugar, la ley española supedita la compensación a una serie de condiciones acumulativas. Por ejemplo, la parte perjudicada tiene que haber obtenido una sentencia firme que desestime un recurso en contra de la decisión administrativa que causó el daño y debe haber alegado un infracción de las normas europeas en dicho procedimiento de recurso. Bruselas cree que estas condiciones "hacen excesivamente difícil" la concesión de indemnizaciones.
Además, la Comisión Europea subraya que la legislación española establece unas condiciones menos favorables en cuanto a la responsabilidad del Estado en casos de infracción del Derecho comunitario en comparación con las infracciones de la Constitución española, lo que vulnera el principio de equivalencia.
España consideró, tras la apertura del expediente en junio de 2017, que el sistema de responsabilidad del Estado era "conforme con el Derecho de la Unión". Bruselas dio entonces un ultimátum a España para que modificara la legislación, algo a lo que también se negaron las autoridades españolas.
Finalmente, Bruselas ha decidido llevar a España ante la Justicia europea tras una serie de "contactos e intercambios" en los que "no se ha logrado ningún avance".
